Toluca, Méx.

Comuneros de San Jerónimo Acazulco, comunidad del municipio de Ocoyoacac, iniciaron ayer una caravana hacia la Ciudad de México para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el presunto despojo de sus tierras por parte de los gobiernos federal y estatal para la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Los campesinos aseguraron que el despliegue de más de 2 mil policías en La Marquesa para resguardar los trabajos del proyecto es un acto de intimidación hacia los habitantes que se oponen a la obra.

Los agentes no sólo ocuparon la franja donde se construye el viaducto elevado por donde correrá el tren, sino también territorios en la comunidad de Coapanoya, cuyos habitantes rechazan el proyecto ferroviario.

Reanudación de obras es ilegal, dice abogado

El representante legal de los comuneros de Acazulco, Santiago Pérez Alvarado, informó que tanto el envío de la policía como la reanudación de las obras en ese tramo son ilegales, pues aún no se dicta una resolución judicial firme y sigue vigente la suspensión provisional que decretó a inicios de este año un juzgado de distrito para detener los trabajos.

Señaló que esperan la intervención de la CNDH por incumplimiento de la resolución judicial y que el organismo emita medidas precautorias.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha responsabilizado a los pobladores de Acazulco por el retraso de los trabajos. De acuerdo con los contratos, la obra civil del primer tramo, de Zinacantepec y Ocoyoacac, debería ser entregada en mayo; sin embargo, se detuvo tres meses por la oposición de los comuneros.

La dependencia sostiene que campesinos de Acazulco demandan una indemnización que no les corresponde, dado que los predios donde se construye la obra son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad; además, en 2015 la SCT pagó una compensación a representantes comunales de Acazulco por tierras que estaba aprovechando.

Los comuneros de Acazulco aseguran que se han ocupado sin pagar al menos cuatro hectáreas de la comunidad.

Además, demandan que la SCT diseñe un plan de sustentabilidad para las comunidades por donde pasará el tren, y una compensación por la tala de árboles y daños a los manantiales de la región.