Las personas mayores de 60 años enfrentan serias limitantes para el goce de sus derechos humanos en México. En el país hay casi 13 millones de habitantes en ese grupo de edad, de los cuales un tercio sufre pobreza multifactorial y sólo 31 por ciento recibe pensión.

Además, hay 1.7 millones de personas mayores víctimas de violencia física y sicológica, 40 por ciento la padece en sus hogares y hay quienes gastan al mes 40 por ciento de sus pensiones en medicinas y especialistas.

Ayer se presentó la declaración Envejecer con dignidad y derechos humanos en México: nuestra meta, un esfuerzo de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la cual se demanda al Estado mexicano garantizar los derechos de este sector, condiciones de vida más dignas y combate a los estereotipos negativos para los adultos mayores.

Durante el acto, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, llamó a las autoridades a ratificar Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, e impulsar la obligatoriedad de adoptar legislaciones y políticas públicas con perspectiva de derechos humanos que reconozcan, faciliten, promuevan y garanticen la participación de ese sector poblacional, para que se asegure su igualdad, inclusión y no discriminación.

La idea de la declaración es construir un Estado constitucional, democrático y humanista, para generar una nueva cultura del envejecimiento, establecer acciones y programas con enfoque de derechos humanos, a fin de promover la revaloración y participación activa de las personas mayores y superar el estereotipo que las considera receptoras pasivas de ayuda.

Se trata de una herramienta de referencia hacia el diseño e instauración de política pública encaminada a la consecución del pleno goce de los derechos de los ancianos en México, para hacer realidad la máxima aspiración de dignidad humana consagrada en el artículo primero de la Constitución.

La declaración surgió de una agenda común en el contexto del diálogo abierto y permanente con la sociedad civil, además del intercambio de reflexiones y perspectivas para generar nuevos paradigmas basados en cinco ejes: seguridad económica, salud, participación social, estereotipos, género y discriminación y protección civil. Aída Díaz-Tendero, investigadora del Seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que predomina en la sociedad una imagen negativa de la vejez, y destacó la importancia de empoderar a las ancianos para que conozcan, ejerzan y exijan el cumplimiento y protección de todos sus derechos.

Verónica Montes de Oca, coordinadora del seminario referido, señaló la necesidad de reconocer a los adultos mayores como sujetos de derechos humanos, dejar de lado el enfoque asistencialista en la política pública en la materia y que el Estado mexicano asuma sus responsabilidades para que ese sector ejerza sus derechos.

María de los Ángeles Fuentes Vera, coordinadora del Comité de derechos humanos Ajusco, manifestó que el compromiso de coadyuvar en la resignificación de la calidad de vida de las personas mayores y el uso de un lenguaje incluyente favorecerán la solidaridad entre generaciones y la perspectiva de curso de vida, por lo que esta declaración es un avance en la consecución del goce de los derechos humanos en México, resultado de un diálogo que tomó en cuenta instrumentos nacionales e internacionales en la materia.