Como es costumbre en cada fin de periodo, la Cámara de Diputados se dedicó ayer a aprobar, sin discusión ni conocer el contenido de los documentos, una larga lista de dictámenes, entre otros para evitar la proliferación de empresas fantasma, y uno más para que el envío de paquetería el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) lo haga por empresas privadas.

Se trata de una minuta del Senado que causó polémica en la sesión, pero que finalmente se envió al Ejecutivo para que la publique y entre en vigor. La diputada Margarita Cuata (Morena) objetó que ante el avance tecnológico, el servicio postal fue dejado en el olvido durante el sexenio que fenece.

Recordemos el fiasco de la firma de un acuerdo con Mail Boxes Etc de México, el 22 de abril de 1991, que le permitiría poner oficinas postales privadas y ofrecer más servicios que las oficinas estatales de correos, preparando así la privatización del servicio, dijo.

Lamentó que con la reforma se da otra embestida a la empresa y a sus trabajadores; hoy se aprueba la venta de un fragmento más del país.

El coordinador de MC, Salomón Tamez, en contraste sostuvo que el servicio está en el abandono, con oficinas llenas de polvo, expedientes y bolsas de correspondencia amontonados y trabajadores sin motivación y mal pagados.

La salvación es que participen entidades público privadas, como ocurre exitosamente en otros países, y en espera de que la empresa resurja como el ave fénix, sostuvo.

En el caso de las reformas al Código Fiscal de la Federación, enviadas al Senado para su revisión, Teodoro Barraza (PAN) dijo que, si bien el Servicio de Administración Tributaria sanciona el tráfico de comprobantes fiscales, el procedimiento es combatido por los contribuyentes, que alegan la indefinición en los plazos para cumplir con las observaciones.

También se corrigió la obligación del SAT a dejar de incluir en la lista de empresas con operaciones presuntamente simuladas, pero que lograron demostrar sus actividades.

Juan Romero (Morena) dijo que si bien la reforma busca combatir a las firmas fantasma o la simulación de actos fiscales que permiten la evasión, el problema prevalece desde el procedimiento del SAT, porque se mantendrá la famosa lista negra de contribuyentes.

“Seguimos violando el principio constitucional de presunción de inocencia y prevalece el juicio sumario. La lista negra no ayuda a combatir la evasión de grandes empresas o empresas fantasma. Si fuera así, todas las involucradas en la estafa maestra estarían en esa lista, al igual que las vinculadas con la Sagarpa”, indicó.

Por otra parte, el pleno avaló la minuta del Senado para endurecer las penas de cárcel y económicas a contrabandistas de tabaco y falsificadores de cigarrillos; también aprobó incrementar de cinco a 15 días hábiles el plazo para ejercer el derecho de réplica. Y, para evitar la recurrente ausencia de diputados en el salón de sesiones, la cámara decidió que cualquier legislador podrá, como se hacía antaño, exigir la rectificación del quórum.