ras varias jornadas de protestas y de violentos choques entre manifestantes y policías, que han dejado un saldo de decenas de muertos –entre 26 y 31, dependiendo de las fuentes–, 67 heridos, 43 desaparecidos y unos 20 detenidos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, reculó ayer en la impugnada decisión de reducir los montos de las jubilaciones e incrementar las cuotas obreras y patronales al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), adoptada el pasado 16 de abril con el argumento de que era necesario dar estabilidad financiera al sistema de pensiones de ese país centroamericano.

La medida provocó el enojo de amplios sectores populares, pero también el de la jerarquía eclesiástica católica –aliada tradicional de Ortega– y el de las cúpulas empresariales del país e hizo salir a las calles a miles de personas en las principales ciudades. Las manifestaciones –que fueron aprovechadas por algunos para cometer saqueos– fueron contenidas de manera cruenta por las fuerzas del orden y por grupos de choque del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El sábado, cuando se contabilizaba ya una decena de muertes, Ortega Saavedra descalificó a los manifestantes, a los que comparó con los maras” –pandillas que operan en algunas naciones vecinas–, y se declaró dispuesto a dialogar únicamente con los empresarios, los cuales, poco después, declinaron la invitación si el gobierno no detenía la represión. Ya en plena escalada de insensatez, Ortega ordenó la censura de la televisión independiente que cubría las protestas y el despliegue del Ejército en las localidades más sacudidas por el descontento y la violencia recrudeció. En la localidad de Bluefields, en la costa atlántica, el periodista Miguel Ángel Gahona fue abatido de un disparo cuando transmitía en vivo una confrontación entre manifestantes y policías.

Ayer domingo, el presidente nicaragüense se vio obligado a dar marcha atrás en el decreto de reforma del INSS, reconoció que no era viable y que había generado una situación dramática, y reiteró su llamado al diálogo a los empresarios. En lo inmediato, sin embargo, sectores estudiantiles y de jubilados manifestaron su determinación de continuar la lucha hasta lograr la salida de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, quien ostenta los cargos de vicepresidenta y de primera ministra.

En suma, el intento de Ortega de obtener unos 250 millones de dólares de la disminución de las pensiones y el incremento de las cuotas al seguro social parece haber catalizado inconformidades y exasperaciones crecientes ante la progresiva degradación del ejercicio del poder público en Nicaragua. Ortega, antiguo comandante de la guerrilla que en 1979 derrotó la dictadura dinástica de los Somoza y que en la década siguiente encabezó un gobierno comprometido con las transformaciones sociales, hoy gobierna con un marcado patrimonialismo y una visión oligárquica, como formas autoritarias y hasta autocráticas y con una insensibilidad social de la que es ejemplo la actual crisis: el presidente nicaragüense no midió el descontento que habría de generar la medida mencionada y durante cinco días pensó que era posible aplastar un enojo popular que no se circunscribe a las cuotas al INSS ni a la disminución de las pensiones.

Alejado desde hace muchos años de sus antiguos compañeros de la lucha sandinista, Ortega tejió alianzas con el empresariado y los sectores conservadores de la Iglesia católica. Ahora las ha debilitado en forma severa y el gobernante permanece en una situación difícil y precaria, apoyado en el aparato político y administrativo del sandinismo desnaturalizado. Y, lo más grave, hay decenas de vidas perdidas a cambio de nada.