La reciente promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares es un avance encomiable en la lucha para erradicar ese fenómeno, pero para hacerla funcionar, es indispensable que haya voluntad política de las autoridades y supervisión constante por parte de la sociedad civil para asegurarse de que la norma se está aplicando adecuadamente.

Así lo afirmaron los participantes en el Seminario Internacional Experiencias en procesos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes también subrayaron la importancia de la coordinación interinstitucional y de la participación activa de las familias en el proceso de búsqueda de sus seres queridos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia –uno de los organismos convocantes del foro–, consideró que entre los retos principales en este momento está la creación y puesta en marcha de organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tanto a escala federal como estatal.

Otro gran desafío es que hay cientos de fosas clandestinas en todo el país y miles de restos exhumados, pero no hay capacidad de almacenamiento, procesamiento e identificación de cuerpos en los servicios médicos forenses, porque no hay especialistas suficientes para hacer este trabajo de manera eficiente y rápida.

No obstante, más allá de estos elementos técnicos y legales, el insumo principal para luchar en contra de las desapariciones es lograr que las búsquedas sean coordinadas, simultáneas y complementarias, para lo cual se requieren bases de datos interconectables entre sí y un proceso intenso de diálogo entre autoridades de todos los niveles.

Además de ello, recalcó el activista, es fundamental asegurar la participación de las familias en la búsqueda de las víctimas. Que opinen, que vean, que sean testigos, porque si no se construye esa base de comunicación y confianza entre autoridades y familias, no vamos a poder avanzar.

Por su parte, Diana Arango, directora del Equipo Colombiano de Trabajo Forense y Asistencia Sicosocial (Equitas), coincidió en que la Ley General en Materia de Desaparición es un esfuerzo valioso que refleja la labor de los grupos de familiares de víctimas, pero el reto es cómo llevarla a la práctica, pues la expedición de normas implica solamente el inicio de una carrera de resistencia.

En ese sentido, la especialista señaló que una de los orígenes de la crisis de desaparición de personas en México es la magnitud de la violencia del crimen organizado a gran escala, típica de conflictos armados internos, pero también la forma en que el propio Estado se ha beneficiado de dicha situación para sus propios fines.

Sumado a ello, en México hay una debilidad institucional muy grande de los servicios forenses, además de falta de claridad por parte de las instituciones de las responsabilidades que tienen al asumir un caso, y fallas en la cadena de custodia de los elementos relacionados con la desaparición de una persona.

José Suasnavar, integrante de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, destacó que la voluntad política de las autoridades para resolver un caso de desaparición es uno de los requisitos más importantes para llevar las indagatorias a buen puerto, pues de lo contrario no fluyen los recursos económicos y humanos necesarios.

La creación de la Ley (General en Materia de Desaparición) demostraría voluntad política, pero esto tiene que llegar a los servicios forenses, a las procuradurías, para que puedan actuar y le den respuestas a los familiares que no se cansan de buscar, puntualizó.