La desaparición del fuero, aunque positiva, no será tan inmediata, ya que requiere la aprobación del Senado y 16 legislaturas más, lo cual podría tomar hasta 18 meses, señalaron Julio Jiménez Martínez y Bernardino Esparza.

Julio Jiménez, consultor jurídico y parlamentario en la Cámara de Diputados y el Senado, así como catedrático en la Universidad La Salle, señaló que “esta reforma constitucional obedece más a una cuestión político-electoral, ya que es dar a la ciudadanía un mensaje de que esta administración se preocupó por legislar en materia de combate a la corrupción, a la impunidad y a aquellos personajes de la clase política que se han caracterizado por cometer hechos constitutivos de delito y que el día de hoy están impunes.

En México, el retiro del fuero se presenta como algo innovador, ya que ello permitirá que, al igual que en otras naciones, se pueda juzgar a un presidente de la República, y con ello el Poder Legislativo da muestra de un avance democrático donde nadie es impune o inmune ante la comisión de un delito.

Aprobación al vapor

Jiménez Martínez aseveró que esta reforma se aprobó “al vapor. No quisiera pensar que sólo se trató de un ejercicio de buenas intenciones y quede únicamente en un fenómeno mediático (…) ya que es tardía, porque lo deseable es que se hubiera impulsado al principio de esta administración, como también la designación del fiscal anticorrupción, y ello hubiera permitido que se enviara a prisión a personajes como Julio César Godoy Toscano y la ex diputada sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez López, a quien nadie pudo tocar porque gozaba de fuero”.

En tanto, el doctor en derecho Bernardino Esparza Martínez –integrante del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y docente investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales– consideró que la desaparición del fuero “es buena medida, pero hay un proceso legislativo en el que todavía falta que sea aprobado por las dos terceras partes del Senado y que posteriormente sea avalado por los congresos estatales.

Este periodo legislativo culmina el 30 de abril y no entrará en vigencia inmediatamente, porque los congresos estatales deben aprobarla, y posteriormente de que sea publicado por el Presidente de la República, habrá 180 días para armonizar las constituciones y leyes secundarias locales. Está bien esta intención de los legisladores, pero aún falta mucho por recorrer.