La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para modificar la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de definir una política de Estado de largo plazo en la materia y ampliar las facultades y competencias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se atoró en el Senado, debido a que la oposición pretende dictaminarla conjuntamente con una reforma constitucional presentada por 76 legisladores y por el desacuerdo de diversas organizaciones científicas, académicas y sindicales, que demandan una consulta amplia.

El senador del Partido Acción Nacional Juan Carlos Romero Hicks, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, aseveró que se encuentran en un punto crítico, con sólo nueve días para sacar una abultada agenda y sin lograr acuerdos con el gobierno federal, que no quiere abrirse a una reforma constitucional.

En entrevista aparte, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT)-Morena, Luis Humberto Fernández, comentó que su bancada no está de acuerdo con las presiones, tanto de la Presidencia de la República como de algunos centros científicos y académicos, para que legislen al vapor en el último año del sexenio un tema tan delicado.

Detalló que se tardaron cinco años en remitir la iniciativa y Peña Nieto anunció en enero que la haría llegar al Senado, pero fue apenas este mes cuando finalmente la envió. Agregó que es falso que la propuesta presidencial tenga el respaldo de toda la comunidad científica, ya que los legisladores han recibido escritos de investigadores y docentes de diversos centros, entre ellos del Conacyt, quienes piden que se lleve a cabo una amplia consulta.

Al respecto, el senador Romero Hicks comentó que si bien el director de Conacyt es uno de los impulsores de esa reforma –al igual que la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República y la Academia Mexicana de Ciencias– han recibido muchas opiniones en contra, por lo que no es posible pensar en que la iniciativa de Peña Nieto se apruebe sin cambios.

Incluso el Consejo Coordinador Empresarial tiene propuestas de adición a esa reforma, para involucrar a la inversión privada.

Igualmente, la Academia Mexicana de Ingeniería hizo llegar al Senado un escrito en el que plantea cambios a varios artículos, con el propósito de incluir una política estable y estructurada de incentivos fiscales, a fin de apoyar el establecimiento de nuevos centros de investigación y desarrollo tecnológico.

Asimismo, investigadores y trabajadores académicos de los Centros Públicos de Investigación, del Conacyt y de universidades advirtieron que les preocupa la centralización administrativa y política del consejo, la designación de los directores en los centros de investigación y sus derechos laborales.

Se pronunciaron por abrir la discusión y el diálogo entre las comunidades científicas y académicas.

El senador Romero Hicks comentó que pese a lo apretado del tiempo, la iniciativa podría aprobarse, siempre que el gobierno federal abra su postura y acepte que se dictamine conjuntamente con la reforma constitucional en esa materia, que signaron 76 senadores. Ambas se complementan, ya que la propuesta de Peña Nieto plantea medidas de aplicación inmediata y el cambio a la Carta Magna busca crear un marco para el futuro, que permita al Congreso legislar una ley general de mayor calado.

El martes será un día clave para determinar si aún es posible aprobar el nuevo marco sobre ciencia y tecnología antes del 30 de abril, señaló.

Sin embargo, el senador Fernández insistió en que el PT-Morena no está de acuerdo en legislar al vapor esa reforma, que requiere cambios de fondo luego de tomar en cuenta la opinión de los afectados. Tenemos temas más urgentes, señaló.