El acceso al agua, un derecho para tod@s

Leonardo Bastida

Dicen en la península de Yucatán que cuando se escuchan truenos es porque Chaac, el dios de la lluvia, ha roto los cántaros que contienen el agua y pronto se derramarán sobre la tierra, regando los campos, llenando los ríos, arroyos y cenotes para que esta no haga falta. En México Tenochtitlán, contaban que Tlaloc, el dios de la lluvia, tenía cuatro hijos, uno en cada esquina del mundo, cada uno con un cántaro diferente: el de granizo, el de sequía, el de agua mala o contaminada y el de la buena lluvia. Siempre trataban de que fuera este último cántaro el que fuera vertido sobre la tierra, por lo que trataban de tenerlo contento para que no cambiará de decisión. Ambos dioses eran muy socorridos porque de ellos dependía el crecimiento de las cosechas, y por tanto, el alimento, además de, en cierta manera, la vida.

El panorama luce muy distinto hoy en día. Según datos recabados por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai) de la UNAM para la Agenda Ambiental 2018, un documento que recaba una serie de propuestas para el tratamiento de las problemáticas sociales más apremiantes, la información oficial reporta que 92.5 por ciento de la población goza de una cobertura aceptable de consumo de agua, sin embargo, en la República Mexicana, 60 millones de personas se abastecen de acuíferos sobre explotados, además de que 40 por ciento de las cuencas de donde se surte el líquido, presentan algún grado de contaminación.

Parte de las soluciones planteadas para mitigar el problema han sido jurídicas. En 2012, se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho al acceso al agua como un derecho humano. La medida respondió a que en 2010 la Organización de las Naciones Unidas consideró al agua potable pura y al saneamiento como esenciales para la realización de todas las personas.

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a cumplirse en 2030, es el acceso al agua por parte de la mayoría de la población mundial. Actualmente, 40 por ciento de las personas enfrenta o ha padecido escasez del líquido, y la cifra podría incrementarse para 2050 si no se toman acciones urgentes.

La pregunta es si se han comenzado a tomar las previsiones necesarias para evitar una catástrofe hídrica. La respuesta ha provenido de múltiples frentes, entre ellos el jurídico,  como lo plantean Bernardo Anwar Azar López y María de Jesús Medina Arellano en el libro Derecho humano de acceso al agua: gestión del oro azul , en el que muestran quese han propiciado múltiples debates en América Latina con respecto al goce del derecho al acceso al agua y las afectaciones sufridas por los pueblos cuando este se niega o se restringe por parte de empresas a las que se les concesionaron las fuentes de abasto de agua para su explotación.

Para ambos, el reconocimiento de este derecho implica “que todas las personas tengan acceso al vital líquido y puedan utilizarlo en cantidades suficientes y en condiciones adecuadas para que sus necesidades de vida sean satisfechas de manera digna”.

Mala distribución

En entrevista, el catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM comentó que en materia jurídica hay muchos avances al respecto, entre ellos, el reconocimiento del derecho al acceso al agua en 2010 por parte de la Organización de Naciones Unidas, pero estos no se han convertido en políticas públicas y en gestión de recursos adecuadas que, en verdad se traduzcan, en la posibilidad de que todas las personas puedan contar con un acceso al agua sin trabas.

Para el especialista en derecho constitucional y desarrollo local, es una realidad que las leyes vigentes, como la Ley de Aguas Nacionales, tienen imprecisiones y no has sido actualizada, pero eso podría dejarse de lado para resolver situaciones que han entorpecido la garantía de este derecho, y para asegurar que toda política pública o gestión de recurso hídrico no pierda de vista que debe tener como objetivo satisfacer las necesidades de la población.

El coautor del texto advierte que, en México, y en general en Latinoamérica, urge una mejor distribución del agua, pues a pesar de que 35 por ciento de recursos hídricos globales están en la región, no todas las personas les disfrutan. Para el caso específico del territorio nacional, Anzar López señala que no se han modernizado los sistemas de riego en diferentes regiones del país ni se han implementado sistemas de captación de aguas de lluvia para riego y limpieza en los centros urbanos, por lo que mucha del agua disponible no es aprovechada.

Además, que el auge inmobiliario en las ciudades ha privilegiado “el cemento y el metal” por sobre las áreas verdes, ya que anteriormente se construían casas habitación pensando en dejar espacios para la naturaleza, situación que hoy se ha modificado, reduciéndose de manera considerable las áreas verdes, propiciando que los mantos freáticos tengan menos posibilidades de resurtirse de “el oro azul”.

Otro de los cuestionamientos que surgen es la centralización de la gestión de los recursos, pues un solo organismo está a cargo de la administración de los sistemas hídricos de todo el país a pesar que desde 1989 se planteó que la Comisión Nacional de Aguas dejaría sus funciones en manos de las autoridades locales a fin de mejorar el manejo y uso de los recursos acuíferos conforme a las necesidades regionales. 

En la obra, la y el especialista revisan la labor del Tribunal Latinoamericano del Agua, una figura jurídica que definen como ética , debido a que sus decisiones no tienen un carácter obligatorio, pero que “sientan los primeros pasos” para tomar en cuenta al agua como un bien común público y la necesidad de administrarla y suministrarla con igualdad, universalidad y mantenimiento de la paz.

Interdisciplina

Una de las propuestas del texto es que los proyectos de desarrollo tomen en cuenta el aspecto social y partan de la idea de que el agua es un bien común, por lo que todas las personas y sectores involucrados en su gestión, administración y conservación deben ser escuchados en la toma de decisiones y en la implementación de las mismas.  Además de ser capaces de propiciar su renovación mediante la conservación de ecosistemas y protección al medio ambiente para mitigar el cambio climático.

Un componente esencial para lograrlo es la inclusión de la visión bioética en el análisis de la problemática. Al respecto, Medina Arellano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y doctora en bioética y jurisprudencia médica, explicó que esta rama del conocimiento deriva del a necesidad de establecer un diálogo entre diferentes disciplinas para buscar soluciones hacia un futuro mejor, en el sentido establecido por Van Rensselaer Potter, quien sugirió la necesidad  de promover una interdisciplinariedad entre las ciencias y las humanidades para utilizar el conocimiento generado en la búsqueda de caminos que permitan la subsistencia de la humanidad y el planeta.

De esta, explican Medina y Azar, deriva la ecoética, una  propuesta para eliminar la visión antropocéntrica prevaleciente alrededor de los recursos naturales, en la cual se piensa que están al “servicio de la humanidad”. Por el contrario, argumentan los juristas, “nosotros somos parte de la naturaleza, y como tal, se debe respetar  por lo que se deben gestionar adecuadamente los recursos y no abusar de los mismos”. 

Es decir, debemos preguntarnos sobre nuestra conducta con respecto  a otros seres vivos y al planeta entero, pensar desde una visión de justicia distributiva en la  que se contemple un beneficio general para todos los seres y reflexionar  sobre la huella que deja en la Tierra cada ser humano con sus acciones.

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