La sesión de ayer en la Cámara de Diputados se levantó debido al ausentismo, pero también porque la oposición se negó a aprobar una reforma propuesta por el Partido Verde a las leyes de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, en materia de hidrocarburos.

El objeto de la iniciativa del PVEM era dar a esa agencia el estatus de otros agentes reguladores del sector, como las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, pero el diputado René Cervera (Morena) recordó que, por un arreglo político de última hora, en la pasada legislatura se concedió al Verde constituir dicha instancia.

Esto, dijo, a pesar de que invadía atribuciones de las secretarías del Medio Ambiente, de Gobernación y del Trabajo.

El resultado ha sido por demás fatal, ya que duplicar funciones implica siempre el debilitamiento de éstas, y hoy se pretende presentar como algo novedoso, un supuesto fortalecimiento en sus funciones y en su autonomía, pero en realidad resta funciones a Petróleos Mexicanos, añadió.

También reprochó que, así como actuó para aprobar sin quórum un dictamen para la Ley General de Biodiversidad, la Comisión de Medio Ambiente, que preside el Verde, ésta convocó a un grupo de sus integrantes en total opacidad.

Así, cuando el dictamen se puso a votación, PAN, PRD, MC y Morena hicieron el vacío y sólo se registraron 205 votos a favor y 10 en contra, por lo cual, ante la falta de quórum, la sesión tuvo que levantarse.

Endurecen medidas contra simulación de operaciones

En San Lázaro se aprobaron reformas al Código Fiscal de la Federación y la Ley Aduanera, que endurecen las medidas de vigilancia en la facturación de mercancía importada y contra la simulación de operaciones.

Se avalaron más atribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de resoluciones sobre información no clara, facturas falsas y también se incluyen los plazos para acreditar o corregir deficiencias de un comprobante fiscal.

El propósito primordial es brindar certeza jurídica a los contribuyentes, coadyuvar a que la autoridad logre mayor control sobre las operaciones en que se sustentan los comprobantes fiscales, y contribuir a combatir la evasión y elusión de impuestos, indicó la Comisión de Hacienda.

También se da atribuciones al SAT para requerir información adicional al contribuyente, valorar las pruebas que éste presente, así como para emitir y notificar la resolución definitiva, en caso de incumplimiento.

En ese tenor, se avaló que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o, si no se localizan, se presumirá la inexistencia de las operaciones.