De por medio el interés electoral y para ganarse el aprecio de los votantes, los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad la reforma constitucional que elimina la inmunidad –conocida como fuero– a todos los funcionarios públicos, comenzando por el Presidente de la República y los legisladores.

La demanda ciudadana de retirar la protección a los políticos de todos los partidos, que en infinidad de casos se escudaron en ella para cometer delitos y eludir la cárcel, data de hace casi tres décadas, cuando se exigió iniciar un juicio político contra Carlos Salinas de Gortari.

Ciudadanos, organizaciones sociales, académicos y especialistas presionaron al sistema de partidos para acabar con ese privilegio, y sólo ahora, cuando se dirime una de las elecciones más competidas de la historia, las cúpulas del poder reaccionaron.

Hace un mes, el 18 de marzo, el PRI anunció su propia iniciativa y la determinación de acelerar el proceso. El resto de fuerzas políticas aprovechó el lance del candidato presidencial del tricolor, José Antonio Meade, para dar paso a una reforma a la que el propio tricolor se negó en forma sistemática: someter a juicio político y proceso penal al Presidente por cualquier delito que cometa durante su encargo.

Reclamos de la paternidad

“El fuero es una discordancia con nuestro tiempo y ahora, con esta Ley Meade, se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados”, dijo Braulio Guerra (PRI).

Ricardo Anaya fue quien presentó la reforma y para el PAN es un logro, exclamó el coordinador panista, Marko Cortés.

Y Virgilio Caballero (Morena) expresó: La izquierda mexicana por fin ve el cumplimiento de una demanda histórica.

Así, y en vísperas del primer debate presidencial, las bancadas trasladaron la competencia electoral a la Cámara de Diputados y, sin excepción, asumieron la paternidad de la enmienda.

Incluso, cuando el dictamen se votó por unanimidad de 370 votos y se envió como minuta al Senado para su revisión, todos los diputados aplaudieron de pie y, para la historia, desde las curules del PRI se alzó un grito: ¡Sí se pudo, sí se pudo!

La reforma, que después del Senado debe ser avalada por los congresos de los estados –que en conjunto forman el Constituyente Permanente–, suprime el mecanismo de juicio de procedencia, que comienza con la solicitud por parte de la Procuraduría General de la República, pasa por una instancia jurisdiccional de la cámara y pocas veces termina en el jurado de ésta.

En el dictamen aprobado ayer se reconoce que cada denuncia contra servidores públicos señalados de cometer delitos y de corrupción fue detenido para encubrir a los funcionarios del partido en el gobierno.

A partir de que se valide la reforma, indica, podrán ser sometidos a juicio, sin necesidad del desafuero, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, alcaldes, ministros de la Corte, magistrados y titulares de los órganos constitucionalmente autónomos, entre otros el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Si bien se retira el fuero a legisladores, se mantiene la obligación de los presidentes de las dos cámaras del Congreso de velar por el respeto y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, con objeto de mantener a salvo el derecho de diputados y senadores a no ser reconvenidos por sus comentarios.

Cárcel y separación del cargo, sólo con sentencia

También, y con la finalidad de que en todos los casos se observe el principio de presunción de inocencia, los funcionarios y quienes ostenten un cargo de elección popular sólo podrán ser separados y encarcelados cuando exista sentencia condenatoria o bien concluya el periodo para el cual fueron electos o designados.

De esta forma, se incluyó en el artículo 111: Cuando el juez determine la vinculación a proceso a algún servidor público se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo.

La reforma entraría en vigor al día siguiente de que el Ejecutivo federal la publique en el Diario Oficial de la Federación. El dictamen señala: La consecuencia inmediata que esperamos son los primeros casos en los que no operaría la figura del fuero y los implicados enfrentarían el proceso penal como cualquier otro ciudadano.

En la actual legislatura está pendiente el desafuero de los diputados priístas Tarek Abdalá, por presunto peculado de 2 mil 300 millones de pesos cuando fue tesorero de Javier Duarte; Alberto Silva Ramos, acusado de un desvío de mil 500 millones en el tiempo en que fue vocero de Duarte, y Bárbara Botello, por cargos de peculado por 87 millones.