Con los votos de PRI, PAN y PVEM, el Senado aprobó, con cambios, la minuta por la que se crea la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entre críticas de legisladores de PT-Morena, perredistas e independientes, quienes advirtieron que no se llevó a cabo una consulta amplia con los sectores involucrados, sobre todo los pueblos y comunidades indígenas y se mantiene el riesgo de una explotación irracional de los bosques, al dejar fuera los programas de manejo comunitario,

La minuta fue aprobada en lo general con 60 votos en favor y 20 en contra y devuelta a la Cámara de Diputados, con diversas modificaciones, nueve de ellas votadas ayer, a propuesta de la senadora del PAN Silvia Garza, quien reconoció que pese a los avances logrados en esa legislación, no es fruto de una amplia consulta con los sectores involucrados.

El senador independiente Alejandro Encinas comentó que es inadmisible que por la premura no se haya realizdo una consulta amplia, ni siquiera con los productores forestales, que son los dueños de los bosques –en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas– cuyas propuestas quedaron fuera.

Consideró preocupante que en el artículo 48 se haya incorporado una figura que se llama transmisión de autorizaciones, lo que genera un margen de discrecionalidad, que indudablemente puede favorecer el rentismo de los terrenos forestales, cuando el propósito de la ley debe ser el desarrollo pleno de los productores forestales, para que no tengan que arrendar sus tierras.

También es preocupante, dijo, que se haya excluido como uno de los lineamientos fundamentales de la política forestal, los programas de manejo comunitario.

En su intervención, el senador Froilán Esquinca, del PT-Morena, dijo que puede prestarse a malas interpretaciones la autorización que se da en la ley para el manejo de programas, como si fueran títulos de propiedad.

Resaltó que no hay un respaldo real para el manejo forestal comunitario. No hay las prerrogativas que tienen las plantaciones madereras comerciales, lo que es grave en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, donde hay problemas por el tráfico de madera, comercio ilegal y cambios en el uso del suelo.

A su vez, la senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, dijo que se lograron consensuar varios cambios a la controvertida minuta, entre ellos regresar atribuciones al Consejo Nacional Forestal, ya que los diputados lo habían reducido a un mero órgano consultivo y de asesoría, lo que significaba un retroceso sustancial en el margen de participación ciudadana.

Asimismo, los recursos del Fondo Forestal Mexicano, una bolsa cercana a 7 mil millones de pesos, se manejarán con el escrutinio y la participación de la sociedad civil.

La senadora panista presentó reservas a los artículos 37, 38, 39, 48 y 129 y, además de adición de nuevos artículos del 40 al 45, en relación con los sistemas de información y gestión forestal, que evitan que terceros ajenos a la comunidad exploten el recurso maderable.

También para que la Federación establezca mecanismos de apoyo para impulsar el desarrollo forestal sustentable.

La minuta, que expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable –y abroga la publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero de 2003– así como cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fue regresada a la Cámara de Diputados.