La Cámara de Diputados retrasó la discusión en el pleno del dictamen de reforma a la Ley General de Salud –que considera que cualquier persona al fallecer, sea donador de sus órganos para trasplante– para realizar cambios al documento, a partir de las opiniones presentadas ayer por expertos.

Después de que la Junta de Coordinación Política recibió a cirujanos y médicos especialistas en ética, esa instancia acordó retirar el dictamen del orden del día, y el vicecoordinador del PRI, Armando Luna, expuso que si bien el tema se posterga, lo que gana es la discusión y debemos estar abiertos a recibir opiniones y contar con la mayor cantidad de información posible.

Sostuvo que el PRI no ha tomado la decisión respecto de respaldar o no la reforma, y ponderó que una de las críticas a los cambios se centra en el hecho de que la infraestructura hospitalaria especializada del sector salud no será suficiente para atender todos los casos de trasplante de órganos.

Por unanimidad, aprueban ley de justicia cívica e itinerante

El pleno aprobó por unanimidad de 344 votos, la iniciativa presidencial de una ley general de justicia cívica e itinerante, que se envío como minuta al Senado para su revisión.

Con esa legislación se pretende resolver conflictos y controversias, mediante una solución amigable entre las partes, con la mediación de un facilitador que sustituirá a las autoridades judiciales.

En la discusión del dictamen, los diputados indicaron que con ello se resolverá la falta de acceso a la justicia en los pueblos, comunidades y de todos aquellos que no pueden pagar un abogado. La mediación, sin embargo, podrá estar a cargo de empresas privadas.

El diputado Emiliano Álvarez (Morena) resaltó que se cubre un problema dejado en el olvido por la actual administración: la justicia para los ciudadanos de abajo, es decir, trabajadores, estudiantes, comerciantes, obreros e indígenas, todos aquellos para los que la ley nunca está a su alcance.

Por otra parte, y como parte de la agenda electoral que le interesa al Partido Verde, el pleno aprobó con 245 votos y 70 abstenciones una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para que el gobierno federal y los estatales fomenten que los establecimientos de alimentos y bebidas no promuevan el consumo de popotes.

La votación se dividió, porque la Junta de Coordinación dio prioridad al tema sobre otros en fila, y porque el cambio no prohíbe expresamente el uso de popotes.