La Procuraduría General de la República (PGR) notificó al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que no puede darle información sobre el caso Odebrecht, pues las investigaciones al respecto son de carácter reservado, lo cual significa que sólo la víctima y el acusado están en posibilidad de acceder al expediente.

Durante la segunda sesión ordinaria del SNA en 2018, el secretario ejecutivo del organismo, Ricardo Salgado, detalló que el pasado 2 de febrero se le envió un exhorto al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que informara sobre el estado procesal de dicha indagatoria.

De igual manera, le pidió que le hiciera saber si la investigación seguía abierta, el tiempo en el que concluiría y el trámite legal que se le daría, en caso de ya haber terminado.

En su respuesta, emitida el pasado 14 de febrero, la procuraduría federal precisó que la información sobre el tema está reservada, por lo que sólo la víctima y el acusado están autorizados a saber detalles de la investigación.

Asimismo, indicó que la indagatoria sigue en curso, como ya ha informado a través de diversos boletines, y puntualizó que no se puede decir en cuánto tiempo van a concluir sus trabajos sobre el caso.

Odebrecht es una empresa brasileña de la construcción acusada de entregar sobornos millonarios a servidores públicos de diversos países de América Latina, para obtener contratos de realización de obras públicas.

En México, la compañía está señalada de haber supuestamente entregado unos 8 millones de dólares a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, cuando él se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional de la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

Autonomía de jueces y magistrados

Durante esa misma sesión del SNA también se dio a conocer que la mayoría de los estados no han respondido o incluso rechazaron una recomendación no vinculante que les envió entre el 24 de enero y el 9 de febrero de este año, para que garanticen la autonomía e independencia de jueces y magistrados ­anticorrupción.

Según el organismo, 11 poderes ejecutivos locales respondieron, de los cuales sólo tres aceptaron la recomendación (Coahuila, Hidalgo y Zacatecas) y ocho la rechazaron (Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, estado de México, Oaxaca, Puebla Tamaulipas y Veracruz).

En lo que se refiere a los congresos estatales, hubo 10 respuestas: solamente uno acogió el documento (Quintana Roo), uno más lo aceptó parcialmente (Guanajuato), cuatro lo rechazaron (Aguascalientes, Puebla, Querétaro y Veracruz) y cuatro más (Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco y Tamaulipas) le turnaron el asunto a otro organismo.