El Estado mexicano debe adoptar las medidas necesarias para detectar, prevenir y sancionar de manera efectiva los actos de tortura que se dan de manera general en el país, recomendó el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)en su informe sobre la segunda visita que hizo a México (del 12 al 21 de diciembre de 2016) para verificar las condiciones en que se da esa práctica.

Esta instancia internacional verificó que las sentencias condenatorias por este delito son escasas, lo que indica impunidad ante los actos de tortura, que es prevalente.

En 2012, la Procuraduría General de la República inició apenas 300 indagatorias por este delito y en la actualidad hay alrededor de 4 mil 700 carpetas de investigación. Este aumento no se ha reflejado en un incremento equivalente de consignaciones por tortura: dos en 2012, cinco en 2013 y seis en 2014. Y el número de sentencias, tanto en el fuero federal como en el local, sigue siendo extremadamente bajo: cinco y 10, respectivamente, resaltó.

“Durante su visita, la delegación del subcomité recibió con preocupación numerosas alegaciones de personas privadas de la libertad –incluyendo mujeres, menores de edad y migrantes– que manifestaron haber sufrido actos de tortura y/o malos tratos en diversas circunstancias, particularmente al momento de la privación de la libertad, durante el traslado, en el momento del ingreso a los lugares de detención o durante los interrogatorios. Varios alegaron haber sido sometidos a estas prácticas con el fin de constreñirlas a firmar o grabar declaraciones autoincriminatorias o incluso hojas en blanco que luego eran completadas con confesiones falsas”.

Los agresores son agentes policiales (federales, estatales y municipales), de migración o elementos de las fuerzas armadas.

El SPT aclaró que el informe es confidencial en tanto el Estado receptor decida hacerlo público, por lo que instó a las autoridades mexicanas a difundirlo para contribuir positivamente a la prevención de la tortura y los malos tratos. Pese a ello, la cancillería lo ha mantenido por cuatro meses en reserva, por lo que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, exhortó a la dependencia a divulgarlo. Sin embargo, organizaciones civiles tramitaron una solicitud de transparencia, por lo que las autoridades federales se vieron forzadas a entregarlo; por ello éstas sí tuvieron acceso al documento (del cual tiene copia La Jornada).

La delegación de esta instancia de la ONU encontró que los actos referidos consisten en golpes con los puños, rodillazos, puntapiés o con armas de fuego; inmovilización o uso prolongado de esposas en diversas posiciones; amenazas; torsiones de extremidades; privación de agua y comida; uso de choques eléctricos en distintas partes del cuerpo, incluidos genitales; asfixia con bolsas de plástico; introducción de agua en la nariz; rotura de dientes con pinzas, y uso de armas, entre otras.

Entre las recomendaciones formuladas por el subcomité al Estado mexicano están garantizar que todas las autoridades facultadas para privar de la libertad a los ciudadanos sean capacitadas y apliquen plenamente los estándares de uso racional y proporcionado de la fuerza con enfoque de derechos humanos, instruir a los agentes de Estado sobre la prohibición del uso de la tortura, adoptar medidas necesarias para prevenirla y sancionarla, entre otras.