Madrid.

El Tribunal Supremo español emitió ayer un fallo en respaldo a las actuaciones del juez Pablo Llarena, quien lleva el proceso contra 25 líderes independentistas catalanes. También arremetió contra los jueces alemanes que rechazaron la extradición de Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, por el delito de rebelión.

El juez Llarena instruye la causa judicial contra la cúpula del movimiento independentista que organizó el proceso de secesión unilateral de finales de octubre pasado. En sus conclusiones preliminares, el juez sostiene que en la presunta trama delictiva se habrían perpetrado tres delitos claros: rebelión –que implica uso de violencia–, malversación de recursos públicos y desobediencia.

Puigdemont fue detenido en Alemania el 25 de marzo, cuando intentaba llegar a Bélgica, donde había fijado su residencia desde que huyó de Cataluña, el pasado 28 de octubre, después de haber declarado la independencia unilateral. El juez Llarena solicitó su entrega al Estado español por los delitos de rebelión y malversación, a lo que la Audiencia Provincial de la región de Schleswig-Holstein respondió que estudiarían su extradición por el delito de malversación, pero no por el de rebelión, al no quedar probado el uso de la violencia.

Esta decisión provocó un profundo malestar en la justicia española y mucho nerviosismo en el gobierno de Mariano Rajoy, ante una más que probable ola de sentencias en contra de tribunales europeos.

La sala del tribunal que ampara y revisa las resoluciones de Llarena respaldó de forma rotunda la instrucción del juez español y lanzó duras críticas a la justicia alemana. Sostienen que los 6 mil agentes que se utilizaron para impedir el referendo fueron claramente superados por los 2 millones de votantes, y prueba de ello es que la consulta se llevó a cabo y que los procesados acabaron declarando la independencia de Cataluña.

Además, la justicia española lamentó que Alemania utilizara un ejemplo local para rechazar el pedido de extradición: “Si los hechos que ocurrieron en España se hubieran dado en un Estado federado de Alemania, no parece muy factible que todo se hubiera saldado con una sentencia condenatoria meramente simbólica.

En nuestro caso no se trataba de ampliar una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes. Lo que aquí sucedió es que después de más de dos años dedicados a soslayar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional, se culminó un proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea con una democracia asentada, señaló.