Buenos Aires.

En momentos en que un nuevo escándalo de corrupción sacude al gobiernos argentino y de la provincia de Jujuy, organizaciones sociales, legisladores nacionales, provinciales y representantes sindicales repudiaron las detenciones de once dirigentes jujeños de varios movimientos, ordenadas el sábado pasado por el fiscal Diego Cusell y el juez Isidoro Cruz, quien en el marco de una persecución político judicial detuvo al el ex gobernador, Eduardo Fellner, al que tuvieron que dejar en libertad.

Las organizaciones se manifestaron en esa provincia contra el gobernador ante la dramática situación que viven y fueron reprimidos con balas de gomas y gases lacrimógenos, lo cual fue denunciado en conferencia de prensa la tarde de este lunes en el anexo de la Cámara de Diputados.

Jujuy es un desquicio jurídico, sin reglas ni estado de derecho, no sabemos cuál va a ser la suerte de los compañeros, denunció Alejandro Garfagnini, vocero de la organización Tupac Amaru, y advirtió que el juez Cruz rechazó los pedidos de habeas corpus.

La justicia jujeña está bajo control directo del gobierno de Gerardo Morales, de la oficialista alianza Cambiemos, quien fue denunciado durante la conferencia convocada por el Foro por la Democracia y la Libertad al cumplirse dos años y tres meses de la detención ilegal preventiva de Milagro Sala para reclamar su liberación y la de otros 28 presos políticos en esta capital.

En la conferencia de prensa se caracterizaron las detenciones como una cacería de dirigentes sindicales y sociales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tupac Amaru, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Evita, unos días después de haber protestado frente a la Legislatura jujeña contra el gobernador Morales.

A pedido del gobernador Morales, los compañeros fueron filmados en esa manifestación, realizando tareas de inteligencia ilegal, denunció el vocero de la Tupac al relatar lo ocurrido durante la represión el 4 de abril pasado, y en este caso las víctimas reprimidas resultaron acusadas, entre otros por atentado contra la autoridad.

Las organizaciones denuncian que Jujuy es el laboratorio represivo para el país, recordando que la primera detenida ilegalmente por el gobierno de Morales (y el visto bueno del presidente Mauricio Macri) el 16 de enero de 2016 fue Milagro Sala, líder indígena y diputada electa del Parlamento del Sur, a la que se inventó una cantidad de causas, sin pruebas.

La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró que más de dos después años después de estar detenida en condiciones inhumanas fuera trasladada a prisión domiciliaria, primero en un lugar y finalmente en su casa, rodeada por gendarmes.

Los integrantes del Foro reclamaron por los presos políticos en el marco de la vulneración masiva de derechos humanos en el país bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos, y de la persecución política regional enmascarada en lucha contra la corrupción, cuyo paradigma es el encarcelamiento del ex presidente de Brasil y candidato favorito para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre Luiz Inácio Lula da Silva el pasado 7 de abril, señala el comunicado.

Unen este episodio a la intervención antijurídica del Partido Justicialista el pasado 10 de abril lo que actualizan la posibilidad del desafuero y cárcel para la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente peronista que más votos reúne en ese espacio partidario para una eventual elección presidencial.

Ante esta situación se realizará una protesta este miércoles frente a la casa de Jujuy en Buenos Aires mientras se denunció que además de los once jujeños, son 28 los detenidos ex funcionario y dirigentes sociales en el mismo esquema mediático, jurídico policial, imponiendo ilegales prisiones preventivas sin juicio previo.

Tensión en el gobierno

En un momento visiblemente tenso en la gobernante alianza Cambiemos, la diputada Elisa Carrió de la Coalición Cívica (CC) y la Unión Cívica Radical (UCR), aliados de Macri, expresaron su preocupación por la subida de tarifas, y se unieron para reclamar a Propuesta Republicana, que encabeza la alianza una moderación ante los excesivos y escandalosos aumentos, que suman en algunos servicios más del mil 200 por ciento y que modere el aumento de tarifas que golpea directamente a la base electoral de Cambiemos de cara al 2019.

La CC prepara un pedido de informes en el Congreso de la Nación, para que el jefe de gabinete, Marcos Peña, dé explicaciones por el tarifazo, que en abril sumó 40 por ciento sólo en el gas, a lo que se agregan similares o mayores aumentos en otros servicios. Carrió advirtió que se sospecha de una especie de sobrecosto puesto por las empresas para aumentar artificialmente la factura a las empresas y consumidores.

Esta dramática situación unió no sólo a sindicalistas, sino a pequeñas y medianas empresas, empresas recuperadas, clubes de barrio, movimientos sociales de todo tipo para movilizarse el próximo viernes hasta la Casa de Gobierno. No se pueden pagar de ninguna manera las tarifas y la avalancha de aumentos que estos significa, advierten los dirigentes.

La sorpresa fue este día el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, un hombre del oficialista PRO, quien dijo que con los tarifazos se vuelve difícil manejar la política monetaria, que la inflación del trimestre no fue la que queríamos debido a shocks bastante importantes, como por ejemplo que el gobierno haya concentrado los aumentos de precios regulados en estos cuatro meses ante lo que advirtió que la inflación tendrá que bajar mucho a partir de mayo para poder cumplir con la meta del 15 por ciento que fijó la Casa Rosada (lo que ya es imposible cumplir), y dijo que si esto no sucede deberá subir la tasa de interés.

Sturzenegger señaló que hasta 2017 el crédito aumentó 2,5 puntos del PBI con lo que se ubicó en su nivel más alto desde la salida de la Convertibilidad. En suma se bordea ya la crisis de 2001.