El caso del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, asesinado el pasado 13 de enero, se ha convertido en una auténtica novela negra de tintes políticos y la fabricación de seis presuntos culpables encarcelados, con base en el testimonio de un santero testigo protegido, que cobró una recompensa de 2 millones de pesos a cambio de declarar haber escuchado a dos personas decir que mataron al periodista de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A tres meses de su asesinato, ninguna organización de periodistas de Nuevo Laredo o de Tamaulipas ha reivindicado la exigencia de justicia. De acuerdo con testimonios y fotografías, Carlos Domínguez Rodríguez era cercano al actual gobierno y presumía de su amistad con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El michoacanazo, un antecedente

A diferencia de 98 por ciento de los asesinatos de periodistas en México, que permanecen en la impunidad, el procurador Irving Barrios Mojica –conocido por ser el autor del llamado michoacanazo, un fallido operativo que terminó con 38 funcionarios y jefes policiales detenidos y luego liberados– resolvió el crimen en dos meses y anunció en conferencia de prensa, la detención de seis hombres, tres de ellos periodistas: Rodolfo Jorge Alfredo N, Juan Jesús N, Luis Ignacio N, Gabriel N, David N y Adrián N.

Todo es una farsa, afirma en entrevista con La Jornada, el activista y defensor de derechos humanos Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la violación al debido proceso contra los acusados de este homicidio, en particular los tres periodistas:

Se trata de un caso con tintes políticos, es una aberración jurídica la propia carpeta de investigación, con fabricación de culpables de seis personas que entre sí no se conocen; dos son de Zacatecas y cuatro de Nuevo Laredo. Es una farsa, como las que acostumbra a hacer el procurador Irving Barrios, quien ya lo hizo en Michoacán y con el caso de una ciudadana española secuestrada.

Añade: Es un asunto político. Lo que pretende el gobernador de Tamaulipas con su procurador es incriminar al ex presidente municipal Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal para impedirle que participe por el partido de Morena por la alcaldía de Nuevo Laredo. Este es el fondo real y verdadero de este caso fabricado y quien se convierte en una víctima del gobernador es el propio Carlos Domínguez Ramírez.

Ni independiente ni periodista

Con más de 20 años en el activismo de derechos humanos en Tamaulipas y toda la vida radicado en ese estado, Ramos Vázquez asegura conocer a los periodistas y dice que Carlos Domínguez Rodríguez no tenía una trayectoria profesional que lo situara en riesgo, más bien, simpatizaba con el Partido Acción Nacional (PAN) y presumía su amistad con el gobernador García Ca­beza de Vaca en cuyo equipo de campaña estuvo su hijo.

Con todo el respeto que nos merece su memoria y su asesinato, Carlos Domínguez no fue víctima de su labor periodística. De 2015 a 2017, él nunca se sintió amenazado por el ex alcalde Cantú Rosas; eso evidencia que él estaba trabajando no como periodista serio o de investigación, sino escribiendo columnas de trascendidos e informaciones dolosas, sin fuente, y todo contra Cantú Rosas por ser antagónico de Cabeza de Vaca.

Carlos Domínguez publicaba su columna en redes sociales y en algunos medios online considerados pasquines, porque viven del presupuesto gubernamental: “Él publicaba en dos portales de Internet y su ingreso era de 800 pesos semanales, lo cual no correspondía a su tren de vida como para hacer viajes, adquirir ropa de marca y llevar una vida sin preocupaciones económicas. Nos consta que viajaba cada mes a Ciudad Victoria a la oficina de Comunicación Social donde –nos dicen– recibía instrucciones de qué tipo de informaciones manejaría en su columna”.

En sus cuentas en redes sociales, Carlos Domínguez Rodríguez publicaba fotos con el jefe de Prensa del gobierno, Francisco García Juárez, y otros funcionarios. Su hijo Carlos Domínguez reclamó al gobernador la falta de justicia, pero luego se unió a la versión del procurador:

Su hijo se está aprovechando de la situación para sacarle partido, porque es muy probable que también esté recibiendo dinero del gobierno del estado para acusar sin pruebas y de manera dolosa al ex presidente municipal Carlos Enrique Cantú Rosas como autor intelectual del asesinato, porque hay un trasfondo político por la alcaldía de Nuevo Laredo que está en juego. El objetivo de este caso fabricado es que Cantú Rosas no pueda contender con Morena.

Ramos Vázquez afirma que el periodista asesinado no era independiente, sino más bien, cercano al gobierno actual y era considerado por otros compañeros como gacetillero: Hay fotografías y publicaciones que el propio fallecido hace con el actual presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, y con el gobernador de Tamaulipas, a quien defendía en sus columnas y presume de su amistad. Él ofrecía dinero del gobierno del estado a otros periodistas para obtener información contra otros políticos.

Comenta que el ex presidente municipal pretendía contender en las próximas elecciones por Morena y eso significa una amenaza para el gobernador Cabeza de Vaca: Es así como traman esta investigación, que carece de todo fundamento legal, porque está basada en un testigo protegido que incrimina a los detenidos a cambio de 2 millones de pesos de recompensa.

Testigo protegido

La investigación judicial del asesinato del periodista Domínguez Rodríguez está sustentada en el testimonio de Juan Carlos Yáñez Osorno, un testigo protegido que es santero, que fue policía y estuvo detenido por secuestro: Además de santero es un ex policía estatal que tiene antecedentes de secuestro, cerece de calidad moral o jurídica. Fue el instrumento que utilizó el procurador Irving Barrios para armar este caso.

Señala que el primer móvil del asesinato fue el crimen pasional, ya que fueron detenidos dos periodistas que son pareja y a quienes mediante presiones sicológicas intentaron relacionarlos sentimentalmente con Carlos Domínguez: Dos periodistas detenidos [que] son pareja fueron torturados para que confesaran que lo habían asesinado por asuntos pasionales entre homosexuales. Cuando no pudieron fortalecer el caso, inventaron la [versión] del santero testigo protegido. Es una aberración jurídica y vamos a evidenciar la fabricación de este caso.

Luis Anzaldúa del Llano, abogado del implicado Rodolfo Cantú García, tío del ex presidente municipal Cantú Rosas, dice a La Jornada, que la carpeta de investigación es muy endeble sin datos para vincular a proceso a las seis personas detenidas: La procuraduría de Tamaulipas sólo se está basando en una entrevista de una persona sin identidad, pero que sabemos que es un santero o un brujo quien dice haber escuchado a dos personas decir que habían matado un periodista.

Añade: No hay pruebas, sólo tienen esa entrevista del santero a cambio de 2 millones de pesos de recompensa. Cualquiera dice que escuchó que ese fue el que lo mató.

De acuerdo con el expediente –comenta–, el gobernador García Cabeza de Vaca y su procurador quieren instalar al periodista asesinado en un nivel que no le corresponde: Lo quieren elevar a ser alguien importante a escala internacional, cuando en realidad no alcanza ni siquiera la categoría de periodista. El señor, con todo respeto, era sólo un columnista cercano al poder político.

No tienen nada de pruebas

Agrega que el ex presidente municipal Cantú Rosas, quien iba a ser candidato de Morena, se vio obligado a exiliarse para no ser involucrado en este homicidio: Este caso no está agarrado ni con alfileres, sino con un chorro de agua; no tienen nada de pruebas. Además los dos supuestos autores materiales, Adrián Fernández y David Mejía, ya declararon que ellos no fueron contratados por Rodolfo y niegan conocerlo ni a los tres periodistas y niegan haber estado en Nuevo Laredo el día de los hechos.

Por su parte, Dora Elia Vielma Aguilar, esposa del periodista Gabriel Garza, uno de los detenidos por el homicidio, afirma en entrevista que su marido es inocente y que sólo recibió una llamada de Carlos Domínguez: “Lo están acusando injustamente. Lleva 32 años trabajando para el periódico El Diario, su trayectoria es limpia. Es inocente”.

El activista Ramos Vázquez solicita la creación de una comisión de la verdad: El crimen debe esclarecerse y condenarse, pero no a costa de la libertad e inocencia de personas ajenas. Se tiene que ver la intención del procurador y del gobernador para sacar provecho a un homicidio que podrían haber fabricado ellos mismos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.