Lima, Perú.

El Compromiso de Lima, documento aprobado por los países participantes en la octava Cumbre de las Américas para combatir el tan extendido fenómeno de la corrupción, destaca la necesidad de proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos sobre ese fenómeno frente a acciones intimidatorias y represalias.

Asimismo, se plantea la necesidad de cuidar el trabajo de los periodistas y personas que investigan ese delito, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión.

El documento aprobado por los presidentes, jefes de Estado y representantes enviados por los países del continente –con excepción de Venezuela, a cuyo presidente, Nicolás Maduro, le fue retirada la invitación para asistir al cónclave– plantea además que se tomen medidas para proteger a los servidores públicos involucrados en hacer cumplir la ley, investigar, enjuiciar y sancionar la corrupción.

Al intervenir en la sesión plenaria de este sábado, los oradores ubicaron a la corrupción como un fenómeno que lesiona la vida democrática de los países.

En su oportunidad, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las actividades corruptas representan uno de los retos más importantes que debemos enfrentar de manera conjunta porque afectan a todas las naciones y vulneran la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Hizo además un recuento de las acciones realizadas por México, como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, la agenda de Gobierno Digital, así como la adopción de los instrumentos internacionales en la materia.

En el Compromiso de Lima se plantea también la adopción de medidas para reducir la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para prevenir la corrupción, así como combatir el soborno de funcionarios nacionales y extranjeros.

Además, se pide fortalecer el marco internacional de cooperación jurídica e institucional para prevenir que los sistemas financieros de la región puedan ser utilizados para la transferencia y el ocultamiento de los fondos procedentes de actos de corrupción y adoptar o fortalecer las medidas para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción.

La cumbre también se comprometió a adoptar y fortalecer acciones para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la contabilidad apropiada y la bancarización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, principalmente en campañas electorales, garantizando el origen lícito de las aportaciones, así como sancionar a quienes reciban contribuciones ilícitas.

Asimismo, asumir medidas efectivas para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos derivados de la apropiación de fondos públicos.

Las naciones del hemisferio admiten que la corrupción tiene un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones.