La decisión de regresar a comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General de Biodiversidad es positiva, pero no debe dar espacio para ninguna ambigüedad. Como sociedad civil solicitamos que se dé a conocer claramente qué procedimiento continuará. Si harán o no la consulta, si van a regresar a la Cámara de origen el dictamen o si finalmente se va a desechar, señaló Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Mocaf).

En entrevista con La Jornada, agregó que el mismo procedimiento que se usó para intentar aprobar la Ley General de Biodioversidad, se está realizando para una nueva Ley Forestal que “tampoco cumple con el marco constitucional de lanzar una consulta a las comunidades afectadas.

Como Red Mocaf, una de las organizaciones integrantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, valoramos como positiva la decisión anunciada ante la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados, porque se trata de un dictamen que no cumple con los procesos establecidos en los acuerdos internacionales y con lo asentado en la Constitución para garantizar el derecho de los pueblos originarios y campesinos a opinar sobre regulaciones que afectarán sus entornos.

Sánchez insistió en que si el Congreso quiere realizar una consulta seria sobre la Ley General de Biodiversidad, debe dar los pasos necesarios y los acuerdos previos para realizar una consulta ciudadana y otra a los pueblos indígenas y campesinos, principales actores en la conservación de la biodiversidad de México, y no dejar en la ambigüedad el proceso legislativo.

En cuanto a una nueva Ley Forestal, el presidente de la Red Mocaf explicó que estamos también muy atentos de esta propuesta porque podría presentarse a comisiones en los próximos días, y se trata de una iniciativa que nuevamente incumple con los protocolos de consulta previa.

Consideró que sería un importante precedente que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados asumiera como una buena práctica legislativa la realización de consultas previas cuando se afecten directamente a la población indígena y campesina.