Para ser efectivo, el modelo de gobierno abierto debe estar basado en la participación decidida de los ciudadanos y tener las herramientas legales para hacerse escuchar, en vez de quedarse como discurso de buenas intenciones, afirmaron participantes en la clausura de la primera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto.

Durante la tertulia con que se dieron por terminadas las actividades del foro, Alejandro González Arreola, presidente del consejo de directores de la asociación civil Gestión Social y Cooperación, llamó la atención sobre el hecho de que la transparencia no genera un descenso de la corrupción si no está acompañada de leyes y organismos que trabajen en conjunto.

Hay una paradoja, porque sí hay instituciones que luchan contra la corrupción, pero están desarticuladas y eso se traduce en que no hay consecuencias. La Auditoría Superior de la Federación saca reportes correctísimos, pero no sucede nada porque las instituciones no se hablan, deploró.

Por ello, González enfatizó que debe haber un sistema bien coordinado entre la ciudadanía y las autoridades –bajo la coordinación de la primera– donde se llame a cuenta a los responsables de la corrupción y se lleven a la mesa los temas difíciles.

El gobierno abierto, recalcó, no debe servir sólo para crear políticas públicas bonitas, sino para mejorar a las instituciones e involucrar a las personas que se beneficiarían con una administración donde ellas colaboren al definir prioridades.

Sergio Meza, representante de organizaciones de la sociedad civil en el Plan Estratégico Juárez, coincidió en que el gran protagonista de los esquemas de gobierno abierto debe ser la ciudadanía consciente de sus responsabilidades y derechos, y con la capacidad suficiente de evitar el clientelismo.