Quito.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó ayer el asesinato de dos periodistas y su chofer, quienes fueron secuestrados en la zona fronteriza con Colombia el pasado 26 de marzo, tras el ultimátum de 12 horas que el mandatario fijó a los captores para entregar pruebas de vida de éstos.

Moreno dijo que estudia con autoridades colombianas acciones conjuntas en la frontera para detener a los asesinos. Destacó que tras cumplirse dicho plazo no recibió respuesta, por lo que procedió a oficializar la noticia.

Los comunicadores del diario ecuatoriano El Comercio asesinados son: el reportero Javier Ortega, de 32 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60 años, presuntamente secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra, fracción disidente de la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se mantiene activo.

Esta violenta fracción de las FARC también es conocida como grupo del Guacho, nombre de guerra del líder de esa célula, Walter Arisala Vernaza, quien se cree es ecuatoriano y está acusado de vínculos con el narcotráfico y por quien Quito ofreció 100 mil dólares de recompensa, informó la cadena británica BBC.

Vivo de cerca el sufrimiento de los familiares de Javier, Efraín y Paúl, y me solidarizo con su dolor. Voy a cumplir mi palabra, como siempre. Pondré mano dura contra los delincuentes. Voy a cuidar el país y nuestra paz, escribió Moreno en Twitter, acompañando su mensaje con el hashtag #UnidosPorLaPaz.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, indicó en Lima, en el contexto de la octava Cumbre de las Américas, que su gobierno reanudará las operaciones militares en la frontera con Ecuador.

Decenas de comunicadores de varios países sudamericanos que informan sobre la Cumbre en Lima guardaron un minuto de silencio en homenaje a sus tres colegas ecuatorianos ultimados. Los reporteros dejaron cámaras, micrófonos y libretas de apuntes sobre las mesas de una sala de redacción dentro del centro de convenciones y recordaron a los informadores.

Los captores presuntamente exigían un canje por tres presos y la ruptura de un convenio antidrogas entre Ecuador y Colombia.