Ante los reclamos de agrupaciones ambientalistas y partidos de oposición en San Lázaro a la minuta de la Ley General de Biodiversidad aprobada en el Senado, por considerarla vía para el saqueo y la privatización de la herencia genética del país, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), decidió retirar el dictamen que se perfilaba para ser votado antes de concluir el presente mes.

El vicecoordinador de los diputados de Morena, Virgilio Caballero, sostuvo que fue el líder de la fracción del PVEM, Jesús Sesma, quien confirmó al resto de las bancadas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) su decisión de devolver la minuta a comisiones legislativas en lugar de presentarla para su discusión en el pleno.

Ya no hay tiempo (de retomar la minuta). Hoy anunciaron y no dieron ningún plazo próximo para rehacer su intento de llevar adelante esta ley, señaló Caballero. A pesar de ello, diputados de Morena dijeron que se mantendrán pendientes del tema, ya que diario recibían peticiones desde distintas instancias para frenar la legislación.

“Se detuvo por el momento la ley gracias a la presión de cientos de colectivos de la ciudadanía, así como del Grupo Parlamentario de Morena… es un triunfo para la protección de nuestro medio ambiente”, agregó el diputado Guillermo Santiago Rodríguez.

En tanto, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad reiteró su demanda para que se realice una consulta a los pueblos indígenas sin simulaciones y en apego a la Constitución y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT), así como en cumplimiento al Principio 10 de la Declaración de Río.

Consideró que se deben realizar dos modalidades de consulta: una dirigida a la ciudadanía en general interesada en el proceso y otra enfocada de manera específica a los pueblos indígenas y las comunidades equiparables a éstos, que se realice en sus lenguas y territorios. Debe haber información suficiente, clara, fundamentada y legítima, así como acuerdos previos entre la parte consultante y la consultada.

En el análisis de la propuesta en San Lázaro, las comisiones de Cambio Climático y Asuntos Indígenas emitieron una opinión negativa, porque su aprobación dañaría no sólo a las áreas naturales protegidas, sino también a las comunidades indígenas.

Al respecto, la Red Nacional Indígena también rechazó el dictamen que calificó de inconstitucional, porque avalaría el saqueo de la riqueza natural del país por parte de empresas trasnacionales, además de que no fue consultada con los pueblos originarios.

En cuanto a la consulta, Carlos Ávila, de la Universidad Veracruzana, apuntó que los protocolos no se pueden construir a capricho de alguna de las partes que intervienen en el proceso.

Existen fundamentos jurídicos para ello, como el Convenio 169 de la OIT que emitió un manual donde se aclaran los procedimientos correspondientes para dejar a salvo los derechos de los pueblos indígenas consultados.

En particular, la consulta indígena debe realizarse en los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades rurales, con una convocatoria amplia, incluyente, en sus idiomas, y debe ser acorde con los procesos y figuras de autoridad que cada pueblo tiene.

Por su parte, Gustavo Sánchez, de la Red MOCAF, reiteró la petición a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que haga una convocatoria abierta, con el propósito de que las organizaciones e instancias representativas de indígenas y campesinos interesadas en participar en el proceso de consulta tengan la posibilidad de hacerlo en tiempo y forma.