La tortura es una práctica generalizada en México, donde la impunidad es la regla, enfatizó el Subcomité de la Organización de las Naciones Unidas para la prevención de esos tratos.

La instancia internacional entregó al Estado mexicano un informe en el que documenta las conclusiones tras su visita al país –en diciembre de 2016–, en el que sostiene que la impunidad casi absoluta fomenta la repetición de este delito.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantuvo el informe en reserva durante cuatro meses. Fue por la presión de varias organizaciones de la sociedad civil –que presentaron una solicitud de acceso a la información– que la administración federal se vio forzada a revelar su contenido.

En el reporte, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes resaltó que la falta de independencia de los servicios forenses de las procuradurías se traduce en el encubrimiento de actos de tortura.

Además, documentó que muchas personas privadas de la libertad no denuncian ese delito y malos tratos por temor a represalias. Asimismo, manifestó su preocupación por distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja y las autoridades y personal de los penales.

Acreditó que la tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, con el fin de que las víctimas hagan declaraciones autoincriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco.

En el informe se ubicó como responsables de estos delitos a funcionarios públicos de diferentes dependencias: agentes de la policía (federal, estatal y municipal), de Migración e integrantes de las fuerzas armadas.

Esta instancia internacional también expresó su alerta por la situación de niños, niñas y adolescentes privados de la libertad, ya que documentó tanto actos de tortura física como hacinamiento, falta de actividades y acceso al aire libre y otros; verificó condiciones de hacinamiento en estaciones migratorias y que no se suministra información a las personas indocumentadas sobre su detención.

Expresa su preocupación por la situación que las personas con problemas en su salud mental enfrentan en las cárceles y los centros siquiátricos, en estos últimos incluso les aplican tratamientos con el consentimiento de sus familiares y no de los pacientes.

Reconocimiento de avances legislativos y recomendaciones

El informe reconoce los avances legislativos en torno a la prevención de la tortura en el país y hace una serie de recomendaciones al Estado mexicano:

Eliminar la figura del arraigo, fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para establecer formas para iniciar quejas o denuncias que deriven de los casos individuales que documenta, entre otras.

Organizaciones como Asilegal y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras, demandaron al Estado mexicano cumplir a cabalidad estas recomendaciones y, sobre todo, hacer público el informe que las autoridades nacionales tendrán que entregar en junio de 2018 como respuesta al reporte del subcomité de la ONU.