Pablo Gómez, candidato a diputado de la coalición Juntos Haremos Historia, dio a conocer un plan de trabajo legislativo para impulsar desde el Congreso un estado democrático y social de derecho.

Resaltó que se promoverán leyes y decretos que permitan construir un nuevo régimen político, en el que se erradique la corrupción como sistema estatal, se contrarresten la violencia y la delincuencia, se abata la pobreza y se construya un sistema que garantice jubilaciones y pensiones dignas y justas, entre otros.

Incluyó entre las propuestas no conceder amnistías fiscales, abiertas o simuladas, a los causantes que poseen grandes fortunas; duplicar el gasto social dirigido al combate a la pobreza; eliminar el fuero, incluso al Presidente de la República, y restablecer el juicio político por denuncia popular contra los gobernantes.

Planteó regular las percepciones de los servidores públicos, eliminar los bonos y demás prebendas en efectivo y en especie, así como cancelar las pensiones de ex altos funcionarios, incluyendo las de los ex presidentes.

Asimismo, propone terminar con los gasolinazos y súbitos incrementos al gas doméstico; recuperar gradualmente el nivel histórico de los salarios mínimos en términos reales; priorizar el combate a la violencia contra las mujeres; que la procuración e impartición de justicia se oriente con base en la perspectiva de género.

También, definir con claridad en la legislación el respeto a los matrimonios entre personas del mismo sexo y que el Código Penal Federal deje de considerar como un delito la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos de Morena señaló que el clima de violencia en el proceso electoral es producto de la descomposición social y de cómo una candidatura puede afectar intereses criminales o jugosas ganancias producto de la corrupción.

Manifestó que las amenazas o agresiones suelen provenir del crimen organizado, funcionarios corruptos y de sus agentes infiltrados en sus propios partidos políticos. A los asesinatos de candidatos, sumó actos intimidatorios sufridos por otros abanderados a puestos de elección popular.