La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que en la Procuraduría General de la República (PGR) se ejercieron recursos públicos de forma parcial que afectaron al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. Responsabilizó de esta manipulación ilegal al subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Israel Lira, y al director de Comunicación Social, Rafael Lugo.

Al resolver el recurso promovido por el PAN contra la PGR y la Secretaría de Gobernación –relacionado con una presunta estrategia mediática de dichas dependencias contra Anaya–, la resolución exonera al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, de cualquier responsabilidad. En su caso, el PAN cuestionaba su participación en una conferencia de prensa convocada para dar a conocer presuntos vínculos con diversos ilícitos que involucraban a Anaya.

Para los magistrados, Elías Beltrán sólo abordó un asunto de interés público. En contraste, al referirse al comunicado 153-2018, se concluyó que sí se incurrió en uso parcial de recursos públicos en ocasión de la presencia de Anaya en la PGR, pues difundió un video cuyo contenido genera incertidumbre en el electorado respecto de Ricardo Anaya Cortés, al que se identifica explícitamente como precandidato presidencial de la Coalición por México al Frente.

Días después se emite un nuevo comunicado (166-18) que no aclara las ambiguedades del 153-18, sino que simplemente presenta un video a fin de comprobar que Ricardo Anaya sí se presentó en las instalaciones de la Seido. Esta actuación no sólo violentó las restricciones del artículo 134 constitucional sobre el uso imparcial de recursos públicos, sino también transgredió la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados.

Ante las ilegalidades detectadas en la emisión de sendos comunicados y un video en el que se identifica explícitamente a Anaya, la sala especializada dio vista al Órgano Interno de Control de la PGR para que imponga las sanciones correspondientes.