l candidato de la coalición de partidos que parece desesperada ante el riesgo creciente de perder el poder, se permitió ayer una licencia de lenguaje político que resulta peligrosamente desafortunada en un ambiente político y social que se va complicando.

Animado por la recepción multitudinaria (en el contexto numérico de otros actos de José Antonio Meade) que le ofreció el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), el tecnócrata de discursos usualmente desvaídos creyó oportuno convocar al frenado de quien le lleva una amplia delantera, según diversas encuestas de opinión (que hasta ahora no han sido conminadas a variar drásticamente sus resultados). Así dijo, poniendo como referencia la propuesta de suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México: Sólo a Andrés Manuel López Obrador puede ocurrírsele su cancelación. Su propuesta de frenarlo es clara: frenar las oportunidades de miles de familias, mejor frenémoslo a él.

Hablar así ante un mitin del antorchismo resultaría una incitación casi delictiva, pues dicho movimiento ha sido acusado de manera constante de participar en actos de violencia. Antorcha Campesina (luego convertida en el citado MAN, para abarcar las expresiones urbanas de esa agrupación) fue fundada en el municipio poblano de Tecomatlán en 1974 por un grupo de estudiantes y campesinos dirigidos por Aquiles Córdova Morán, ingeniero agrónomo que se mantiene férreamente a la cabeza de la organización.

Bajo el lema La organización de los pobres de México y con un rígido orden interno, el antorchismo cuenta con decenas de miles de miembros y se ha sumado de manera sistemática a candidaturas y campañas priístas. Sus conflictos con otras organizaciones y la pelea por territorios han dado material para la nota roja política. La agrupación atribuye los señalamientos de violencia política a infundios y provocaciones.

La excitación a frenar a López Obrador se produjo en Ixtapaluca, estado de México, uno de los municipios gobernados por militantes del antorchismo (en este caso, por Carlos Enríquez Santos). No está de más recordar que el convocante a frenar, enfrenar o refrenar a AMLO ha establecido el modelo del estado de México como su musa electoral. Ahí, en esa entidad, el PRI aumentó el grado de fraudulencia a niveles nunca vistos, sobre todo en términos de violencia contra opositores, incluso regando cabezas de cerdos a las afueras de domicilios de activistas y de oficinas electorales o partidistas.

La realidad supera a la imaginación en el choque entre el Tribunal Electoral federal y el Instituto Nacional Electoral, luego del escandaloso registro de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, como candidato a la Presidencia de la República. Nunca antes se había producido tal exhibición-confesión de la trampería practicada en esas instituciones ahora enviadas mutuamente al diablo.

El mayor daño visible está en la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dividido ya entre los cuatro magistrados abiertamente progubernamentales, que retorcieron vergonzosamente el derecho para darle la candidatura a las trácalas falsamente broncas, y tres magistrados con mayor prudencia, entre ellos la presidenta de dicho órgano. Ayer, ante el silencio delator de los tres derrotados, los cuatro magistrados proclives al neoleonés Jaime Heliodoro tuvieron que aceptar que su resolución fue bajo la suposición de que Rodríguez Calderón habría obtenido el número suficiente de firmas limpias si se hubiese continuado con su revisión.

Un lector escribe, desde la cotidianidad que vive en su colonia de una ciudad con gobiernos panistas: “Conforme han pasado los pasados siete meses me he dado cuenta al cien por ciento que ‘el tigre’ creció década tras década hasta que es imposible controlarlo, no se le ve fin a tanta maldad, violencia. En este tipo de vecindarios es más fácil señalar a quien no es delincuente, casi todos están interrelacionados con la narco-política criminal. Este tipo de población es binacional con o sin papeles. En recientes conversaciones con uno de mis vecinos, éste se reveló como un experto en lides no permitidas. Habló de autodefensas, y entonces me preguntó: ¿quién o quiénes quieren organizar autodefensas?, ¿el PAN, la Iglesia, el gobierno estadunidense, el Mossad, los masones, la narcopolítica criminal? ¿Es plan por si gana AMLO? En estos vecindarios todos tienen sus armas, nuestro pueblo se mata entre sí, además ya existen las condiciones para que con la menor chispa explote una bomba social”.

Astillas

El contador público Mario Sumuano (@MsumuanoZ) tuiteó ayer: “Policía me retuvo, cateó, metió sus manos en mis bolsas de pantalón, saco, etc. ¿Ya es legal esto? ¿Será parte del ‘tengo miedo’?” Lo peor, escribió, fue que le dijeron que fue una revisión de rutina por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México (foto de la patrulla, y de uno de los policías, E. Zavala G.: https://goo.gl/XeYF8J)... El tuitero Rafael Solís, @falelo1, comentó en el mismo microblogging del pajarito azul: ¿eso nos espera cuando se aplique la Ley de Seguridad Interior? ¿Esa es la norma que van a seguir? Qué poca madre. ¿Nos vamos ir despidiendo de nuestros derechos fundamentales? Eso sí es para dar miedo... Juan Pérez N. comparte una imagen que Google envía a sus clientes: Publique anuncios con Google a través de intermediarios. Recordatorio: Google no puede celebrar contratos con partidos políticos ni otras entidades obligadas (según lo definido por las regulaciones de auditoría del INE) en México, así como tampoco aceptar pagos directos de ellos. Si usted es una entidad obligada, utilice un intermediario, como una agencia de publicidad, para hacer sus compras. El lector de esta columna pregunta: ¿Es legal sugerir cómo sacarle la vuelta a las regulaciones de auditoría del INE?... ¡Hasta el próximo lunes!

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