La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, integrada por más de mil juristas en todo el país, rechazó las acusaciones y calificativos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien busca denostar el trabajo de magistrados del décimo tribunal colegiado en materia penal, con sede en Ciudad de México, afirmó.

Lo anterior, señaló, por ordenar a las autoridades de Chihuahua entregar el caso de priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado del presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas públicas de la entidad para financiar campañas electorales del ámbito federal en 2016.

El fin de semana, el tribunal colegiado resolvió el juicio contra el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En audiencia, se declaró competente al juez federal Daniel Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte, para que se ponga a su disposición a Gutiérrez Gutiérrez y a Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, ex funcionarios de la administración de César Duarte, quienes también son acusados por dicho desvío.

En un video difundido a través de redes sociales Javier Corral confirmó la resolución, la cual calificó de absurda, contraria a derecho y con un desaseo vergonzoso.

En ese sentido, los magistrados de circuito y jueces de distrito expresaron en un comunicado que rigen su actuación con base en la Constitución y los derechos humanos, y no responden a ningún otro interés que no sea el de salvaguardar el estado de derecho.

Los procesos jurisdiccionales, afirmaron, son el espacio en que las partes dirimen sus controversias; sacarlas de ahí y llevarlas a litigios mediáticos, agregaron, no abona a una cultura de respeto a la legalidad.

Los juzgadores del Poder Judicial de la Federación trabajamos de manera transparente; nuestras actuaciones son revisables por instancias superiores. Estamos acostumbrados a la crítica y al escrutinio público.

Sin embargo, señalaron que las expresiones recientes que buscan crear una sospecha de subordinación de la actuación de sus tribunales a otro poder del Estado deben ser contundentemente rechazadas, como firmemente lo ha hecho nuestra institución, el Poder Judicial de la Federación.