l término Lawfare, compuesto por las palabras law (ley) y warfare (guerra), se inventó en Harvard en los años 90 vía los programas de empréstitos de Estados Unidos, en especial del BID, con títulos tan impecables como modernización judicial o fortalecimiento del estado de derecho. La Lawfare se extiende por la región y hoy llega hasta la prisión federal de Curitiba, Brasil, donde el juez Sérgio Moro, quien en pleno mal uso y abuso del sistema judicial de Brasil ya puso en marcha la reclusión de Lula, para sacarlo de la contienda electoral tratando de evitar cualquier reclamo de soberanía ante los arreglos oligárquico-imperiales de Estados Unidos sobre Brasil y su Amazonía. El juez con saña traidora y algunos generales en bancarrota intentan quitar al actual puntero en las presidenciales de octubre próximo.

Moro estudió en Harvard, cuna de la Lawfare, y como observó el diplomático Samuel Pinheiro Guimarães, en entrevista con Darío Pignotti (Página/12,14/2/17), no debe perderse de vista “que estamos hablando de un miembro del Poder Judicial que fue adiestrado en el Departamento de Estado, que viaja permanentemente a Estados Unidos (…) Moro sabe cómo ganarse la aprobación de Washington”. Lo hace coordinando y ajustando su función judicial al golpismo judicial que derrocó a Dilma para reimplantar y ahora mantener la brutal guerra de clase llamada neoliberalismo.

Antes de ir a prisión, Lula ofreció la semana pasada una histórica reflexión ante decenas de miles que llenaron las calles de Sao Paulo que llevan al Sindicato Metalúrgico. Transmitida por Telesur desde la vasta movilización se escuchó fuerte la voz pública contra la reclusión mientras Moro, en plena ofensiva judicial, guarda silencio ante indicios graves de generalizada corrupción de Michel Temer, el ocupante de Plano Alto e informante del Comando Sur. Europa Press informó que la Fiscalía había denunciado a Temer por sobornos de la mayor procesadora mundial de carne a través de uno de sus asesores. Otros informes oficiales completan un paquete de denuncias del fiscal que incluyen la obstrucción de justicia y presunta asociación criminal. Con suficientes votos, la diputación adepta a Temer rechazó la iniciativa de juicio que tendrá que esperar hasta enero de 2019, cuando termina el mandato de éste.

La judicialización de la política y/o la politización del sistema judicial, se realiza desde procesos vinculados a programas de empréstitos que aumentan el poder del sistema judicial en estados y federación al tiempo que lo penetran. El BID, por ejemplo, maneja los empréstitos al judicial bajo protocolos de funcionamiento operativo similares a los aplicados a los programas de ajuste estructural, es decir, incluyendo las generosas y legales comisiones para quienes, ya sean altos funcionarios o jueces, operan empréstitos destinados a la modernización judicial, es decir, virtuales aparatos de sobornizaciónque en este caso fomentan vínculos que alimentan la función judicial con datos seleccionados por el espionaje sobre fortalezas y debilidades de la élites.

En un estudio de alta calidad Silvina Romano et al, Lawfare: la vía ‘justa’ al neoliberalismo, detallan el uso político de la justicia. Uno de los objetivos a corto y mediano plazo de la lawfare es lograr la restauración del neoliberalismo también por la vía judicial. Los y las autor@s plantean que se recurre a un estado de excepción por medio de herramientas (supuestamente) legales (así definidas por un aparato judicial que se elevó por encima de los demás poderes), que en los hechos conducen a la omisión de la ley a favor de la imposición violenta de un nuevo orden.

Sobre Lula dicen que en la sentencia condenatoria y durante todo el periodo de instrucción y tramitación que lleva el expediente, se han deformado: 1) el estado de inocencia; 2) la imparcialidad del juez; 3) las motivaciones (doctrinarias) en las decisiones jurídicas; 4) la prohibición de pruebas ilícitas; 5) el principio de la igualdad ante la ley; 6) la publicidad de los actos procesales; 7) la amplia defensa; 8) la exigencia de natural jurisdicción.

En síntesis: la sentencia de 238 folios del juez Sérgio Moro que como se sugiere en este estudio, “muestra el modo en que se construye una condena de ‘excepción’ en el contexto de un estado de excepción”. (Ibid) Un Lula bajo venganza de Moro, aislado de la convivencia humana.

El contexto que permite apreciar el fondo de este acontecimiento histórico lo ofreció al público la maestría periodística de Stella Calloni en Brasil: el asesinato de la justicia: ¿un golpe en el golpe? (La Jornada, 9/4/18) Antes de la decisión del Tribunal Superior Federal el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa dijo amenazante que el tribunal induciría la violencia en el país si Lula no iba preso y amenazó con un golpe de Estado.

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