adie puede llamarse ganador tras la cuestionada determinación del Tribunal Electoral de que el nombre de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco, sea inscrito en la boleta electoral como candidato independiente a presidente de México.
Con su resolución, que terminó por dividir a los siete magistrados que la integran –fue aprobada por cuatro votos contra tres–, la Sala Superior del Tribunal Electoral sentó precedentes que dejan un muy mal sabor de boca, al revivir materialmente la candidatura presidencial del gobernador de Nuevo León con licencia, aun cuando éste no cumplió con el número de firmas establecidas por la ley en la materia.
Sin aludir a la simulación de miles de firmas irregulares presentadas por El Bronco –y detectadas previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE)–, el magistrado ponente, Felipe Fuentes Barrera, acusó al instituto de haber violentado el debido proceso, el derecho a la defensa.
Consideró además que por ser un daño irreparable y ante el avance de las campañas electorales, no habría tiempo para reponer el procedimiento, pero sí para privilegiar una interpretación garantista de la ley y el derecho del aspirante a ser votado.
En esos términos, que a muy pocos convencen, El Bronco se convirtió en el quinto contendiente a presidente de México para los comicios del primero de julio.
Y como en el juego de la pirinola: todos ponen, todos pierden.
Perdió el Tribunal Electoral, pues a tan sólo 80 días de la elección, parece sumergirse en una crisis de credibilidad y de sospecha sobre su cuestionable independencia, que ha mermado su autoridad moral y fortaleza institucional.
Los tres magistrados disidentes –entre ellos la presidente, Janine Otálora– reconocen que el Tribunal Electoral incurrió en el error de juzgar con dos varas diferentes. Es decir, cuestionan la delicada situación en que se ha colocado a aquellos aspirantes a diputados o senadores independientes a quienes el INE ya había determinado que no cumplieron con el número necesario de firmas y que fueron confirmados por el tribunal.
También queda en entredicho la legitimidad de los apoyos otorgados a quienes aspiran a una candidatura independiente, exigencia esencial para brindar certeza al respaldo ciudadano requerido y que garantiza que tal candidatura esté libre de sospecha y manipulación.
Perdió el INE, pues no obstante que fue capaz de acreditar diversas irregularidades cometidas por El Bronco y otros aspirantes a candidaturas independientes, el acatamiento de la resolución del tribunal –no tenía otra alternativa– termina por arrastrar irremediablemente al árbitro electoral.
Acatamos, pero no renunciamos al cabal ejercicio de nuestra autonomía e imparcialidad
, se defendieron con razón los consejeros del INE, en voz de Ciro Murayama.
Perdió El Bronco, pues aunque consiguió su propósito de quedar inscrito finalmente en la boleta electoral para presidente de la República, prevalecen los cuestionamientos a su ética y a sus acciones tramposas y marrulleras.
Perdió la figura de candidaturas independientes, pues la pone en entredicho. El logro ciudadano de arrebatar las candidaturas independientes al sistema de partidos constituye, sin duda, un avance significativo en la lucha democrática del país.
La credibilidad y legitimidad de una candidatura independiente resulta fundamental para dar certezas y confianza a la ciudadanía y a los demás contendientes.
Perdió el ciudadano, pues el debilitamiento y descrédito de las instituciones y de los procesos electorales sólo abre camino al desencanto, a la especulación, a la desconfianza, a las dudas y a la sospecha.
Y perdió también el proceso electoral, pues además de la suma de todas las pérdidas ya mencionadas que afectan directamente al proceso, el tribunal avaló, mostró y fomentó con su resolución muchas de las malas prácticas que deben ser erradicadas de nuestro aparato electoral.
En los meses por venir, la Sala Superior del Tribunal Electoral deberá resolver diversos litigios relevantes que seguramente se irán presentando durante las campañas, en la jornada electoral y aún después de ésta. Y será a sus integrantes –los mismos siete magistrados– a quienes corresponderá decidir, de manera definitiva e inatacable, sobre la validez de la elección del próximo presidente de México.
Los magistrados de la Sala Superior deberán dejar de lado su activismo judicial. Lo que menos necesita el país ahora es una justicia electoral errática e impredecible.
Por lo pronto, está en puerta la decisión de la Sala Superior sobre el caso de Armando Ríos Piter, otro de los aspirantes a una candidatura independiente que no alcanzó el umbral de las firmas establecidas en la ley.
Si los magistrados mantienen los mismos criterios que con El Bronco, al final podrían ser seis los candidatos retratados en la boleta electoral para presidente del país.
