El bloque PRI-PVEM-Panal en la Cámara de Diputados aprobó ayer una ley de comunicación social, con la que se busca regular la publicidad oficial, pero, desde la óptica de los partidos opositores, es una simulación y un engaño a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque –alegaron– reproduce los lineamientos que ya aplica la Secretaría de Gobernación.

Si bien los legisladores de oposición presentaron argumentos por casi cuatro horas y media para rechazar el dictamen, el discurso no se reflejó en la votación: el aval a la ley se facilitó por el alto ausentismo en las bancadas de PAN, Morena, MC y PES, que únicamente sumaron 169 votos en contra –aunque en conjunto suman 241 legisladores–, frente a 205 en favor.

Sin embargo, Servicios Parlamentarios cometió un gazapo que llevó a caer en un error en cadena a la mesa directiva, la Gaceta Parlamentaria y Crónica Parlamentaria, que terminaron por hacer votar en favor de la ley a Vidal Llerenas Morales, quien está de licencia.

El gazapo derivó de que el diputado Liborio Vidal Aguilar (PRI) llegó tarde y, como el tablero ya estaba cerrado, votó en favor de viva voz.

Servicios Parlamentarios no alertó a las otras instancias de que se trataba de Liborio Vidal y no de Vidal Llerenas, quien fue incluido en la versión estenográfica y en la Gaceta en favor del dictamen, cuando a esa hora hacía campaña en Azcapotzalco.

Mientras, diputados de Morena, PRD y PES cuestionaron que la Corte ordenó al Congreso aprobar una ley de publicidad gu­bernamental y no una de comunicación social, y que no se impuso un límite de gasto ni un porcentaje máximo para no favorecer a un grupo reducido de medios, la diputada Carolina Viggiano (PRI), respondió: La sentencia de la Corte en ningún momento detalla, específica, describe o interpreta el contenido de la ley, puesto que esa es nuestra obligación.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén (PRI), expuso que la sentencia de la Corte es de relevancia por sus alcances, los cuales han sido malinterpretados por algunos, pero que de fondo únicamente versan sobre la supremacía de la Constitución y el papel del Poder Judicial de la Federación, pero que de ninguna manera otorgan a éste la atribución para legislar ni decidir el contenido de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional.

Explicó que la ley será de aplicación nacional, lo que responde a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz y por supuesto del manejo transparente de los recursos públicos.

Además, indicó, se fiscalizará el gasto en comunicación social de los poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, economía y transparencia.

Se incluye, dijo, la obligación de presentar programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados que cumplan con el sistema público de la Secretaría de la Función Pública.

La comunicación social de las entidades públicas habrá de someterse a una planeación más rigurosa. Deja de ser sujeto de improvisaciones y asume con toda claridad criterios técnicos, señaló.

Virgilio Caballero (Morena) consideró que en los hechos, el dictamen legaliza las campañas de promoción personalizada; permite el uso de los recursos públicos para difundir logros personales; reglamenta el uso discrecional y arbitrario del reparto de publicidad oficial, y avala su contratación como botín de negociación política, como hasta ahora.