La representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a continuar la investigación exhaustiva en torno a los hechos suscitados hace dos semanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde integrantes de una familia murieron por las balas de marinos, sancionar a los responsables, reparar el daño y adoptar medidas de protección para los sobrevivientes.

Enfatizó que éste no es el primer caso en que se da el uso excesivo de la fuerza por parte de las corporaciones armadas que provoca la muerte de civiles ajenos a hechos violentos. Pese a ello, señaló, los casos no han derivado en los cambios necesarios de comportamiento institucional.

El representante en México de ONU-DH, Jan Jarab, señaló: la gravedad de lo sucedido debe conducir a la superación del paradigma militar de la seguridad y de cualquier posible acción de encubrimiento.

Con base en sus peritajes, la PGR afirmó hace unos días que dos niñas y su madre fueron víctimas mortales por los disparos realizados desde un helicóptero de la Marina, además de que el padre y otra menor resultaron gravemente heridos. Con esto, agregó la representación de la ONU, se desmintieron las versiones previamente difundidas por la Semar sobre los hechos, pues había afirmado que la familia fue víctima del fuego cruzado en un enfrentamiento con presuntos criminales.

Se debe recordar que los marinos podrán usar sus armas de fuego, incluidas las incorporadas en helicópteros, sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida requerida para repeler la agresión sufrida, de acuerdo con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de Naciones Unidas, que están incorporados por las fuerzas militares mexicanas en su manual de uso de la fuerza.

Jarab aseveró que todo hecho en el que un agente del Estado ocasiona la muerte o heridas a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con dichos principios.

La ONU-DH destacó que en su reacción pública a los peritajes de la PGR, la Semar asumió la responsabilidad e informó que realizará todas las acciones correspondientes para proporcionar tanto la ayuda como la reparación integral a las víctimas, a pesar de constituir un hecho circunstancial cuya causa fue originada por grupos delincuenciales.

Si bien es positivo que la dependencia haya asumido su responsabilidad, es preocupante –enfatizó– que se haya calificado la muerte de las dos pequeñas y su madre como un hecho circunstancial, por lo que lamentó que el comunicado no ofrezca disculpa alguna por haber pretendido evadir su responsabilidad en declaraciones anteriores.