a habilitación de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco, como candidato presidencial independiente, ha asestado el golpe más severo (hasta ahora) al escuálido nivel de credibilidad que hubieran tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ya con Margarita Zavala Gómez del Campo se había perfilado esa disposición del árbitro electoral a hacer cesiones y concesiones a la subcultura de la transa, al hacerla candidata independiente a pesar de que también practicó anomalías sistemáticas en el proceso de obtención de firmas de apoyo a su pretensión de aparecer en la boleta electoral, apenas habiendo saltado del trapecio panista.

Con el sedicente Bronco fue la sublimación (pasando de la Reina de las Fotocopias al Rey de la Simulación): el gobernador con licencia ejecutó, con una sagacidad políticamente congénita, una amplia gama de trampas: simulación, falsificación, financiamiento oscuro, aprovechamiento de recursos públicos. Su estampa pública es la del cinismo y sus resultados como gobernante son desoladores, todo lo cual fue reproducido en la aventura de oportunismo de buscar una candidatura independiente no porque tuviera o tenga verdaderas posibilidades de triunfar el próximo primero de julio, pero sí porque al formar parte de una baraja, así sea para descartes o jugadas de sacrificio, podrá seguir cobrando rescates o compensaciones de índole política.

La sacralización de la transa tuvo como oficiantes a cuatro de los siete magistrados del citado tribunal electoral federal: Felipe Fuentes Barrera (quien elaboró el proyecto de dictamen), Indalfer Infante González, José Luis Vargas y Mónica Aralí Soto. La cuarteta de juristas retorció cuanto pudo el sentido natural del derecho y se parapetó tras coartadas de garantismo para asignar al Bronco la etiqueta presidencial que le permitirá disputar el voto norteño a Andrés Manuel López Obrador, actuar contra este con porrismo inducido y ensuciar la contienda presidencial a conveniencia de quienes desean oscurecerla.

En el camino de la inferencia de que Rodríguez Calderón habría alcanzado el número básico de firmas de apoyo si se le hubiera dado más oportunidad de ir revisando la documentación originalmente presentada, el tribunal electoral arrolló al propio Instituto Nacional Electoral (INE), al dejarlo exhibido en actas como un ente omiso, incumplido y arbitrario, que no fue capaz de suministrar elementos convincentes de veracidad sobre la situación del mentado Bronco.

La maniobra beneficia en toda la línea al Partido Revolucionario Institucional y al candidato José Antonio Meade Kuribreña (este dio ayer la bienvenida a la decisión) y quita a la calderonista Zavala Gómez del Campo la jactancia de ser la única con esa etiqueta no partidista. En realidad, la decisión judicial de ayer iguala al Bronco y a Margarita, quienes emergieron de una mezcla de irregularidades similares en el fondo, aunque las dosis y combinaciones de trucos fueran diferentes.

Las oscuras maniobras judiciales también agudizaron el contraste de los ganadores de candidaturas mediante trampas, Zavala y Rodríguez Calderón, frente a 94 por ciento de firmas sin anomalías que presentó María de Jesús Patricio Martínez, quien no cayó en la tentación de inflar sus números mediante falsedades que alcanzan incluso el terreno delictivo. Marichuy y los órganos de gobierno indígena que la impulsaron, preparan, por cierto, una segunda etapa de lucha política, no en el plano electoral sino de la denuncia de los megaproyectos y la afectación de comunidades en todo el país y de la organización de formas de lucha contra esos negocios encabezados por empresas trasnacionales.

La vituperable decisión dividida del tribunal electoral federal tuvo como marco noticioso de referencia la indicativa fiesta de cumpleaños que días atrás reunió en el sur de la Ciudad de México a Carlos Salinas de Gortari y a Enrique Peña Nieto, con parte de sus respectivos equipos políticos. Rodríguez Calderón, El Bronco, ha estado bajo el cobijo de la familia Salinas de Gortari para llegar a la gubernatura de Nuevo León, también como falso independiente y, ahora, como cuña y proyectil para añadir desaseo y peligrosidad a la elección presidencial en curso.

Antes de cerrar el abordamiento del tema en esta entrega, es de recomendarse la lectura y el análisis del voto particular emitido por la magistrada presidenta y dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para sostener que debería confirmarse la negativa de dar registro como candidato presidencial independiente a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (https://goo.gl/2kyYL3).

Janine Otálora Malassis, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón establecieron, en el último párrafo de su escrito, lo siguiente: Los defectos de la cultura política no se concentran en candidatos de partidos o en candidatos independientes. La cultura política es transversal a quien participa en política. Precisamente por ello, y por la alta expectativa que han generado las candidaturas independientes, este Tribunal debe contribuir a generar los incentivos que inhiban prácticas como la simulación de credenciales de elector o el uso indebido de copias de las mismas, porque esas prácticas constituyen un retroceso democrático en una figura que teóricamente tendría que fortalecer la democracia. Entonces, se debe tener absoluta certeza en cuanto a que un aspirante a un puesto de elección popular tiene el respaldo de la ciudadanía que lo legitima para poder participar en la contienda.

Y, mientras PRI, Verde y Panal sumaron en San Lázaro los votos necesarios (ayudados por un notable ausentismo de sus opositores) para aprobar una ley de comunicación social, ya motejada como #LeyChayote, que mantiene los mismos vicios tradicionales del uso del presupuesto público para el control de los medios de comunicación (sobre todo, en temporadas electorales), ¡hasta mañana!

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