La aceptación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de que la Secretaría de Marina asesinó a tres civiles durante un operativo en Nuevo Laredo es una muestra de que ya no se pueden seguir ocultando los abusos de los efectivos castrenses al participar en tareas de seguridad pública, y pone sobre la mesa la necesidad de diseñar un protocolo para el uso de la fuerza, señalaron organizaciones civiles.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, subrayó que este tipo de casos forman parte de la dinámica de violencia generada desde la declaración de la llamada “guerra contra el narco”, y se deben también a la falta de profesionalización de los cuerpos de policía estatales y municipales.

Ya no pueden seguir simulando y encubriendo todos los errores y atrocidades que comete el Estado. Esperamos que el asunto se vaya al fuero civil y no lo atraiga el militar, como es su costumbre, porque es fundamental que este tema se transparente y no quede en la opacidad, indicó el activista.

Sin embargo, Ramírez Baena consideró que la aceptación de lo ocurrido la madrugada del 25 de marzo en Nuevo Laredo también puede ser una estrategia del actual gobierno en el contexto de las próximas elecciones presidenciales, para no seguir cargando el costo político de este incidente tan penoso.

Por todo ello, el defensor de derechos humanos llamó a las autoridades federales a reconocer que hay una inercia de afectaciones y agravios en contra de muchos ciudadanos y de los activistas que alzan la voz para denunciar los hechos, amparada en el concepto de que en una guerra siempre hay daños colaterales, lo cual sirve como un incentivo a la impunidad.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización de litigio estratégico Idheas, apuntó que lo ocurrido en Nuevo Laredo pone de relieve la urgencia de diseñar y emitir una ley de uso de la fuerza para el Ejército y la Marina, ya que si bien hay algunos protocolos al respecto, no son producto de una discusión seria y profunda sobre el tema.

Es incontrovertible que las fuerzas armadas tienen una presencia muy activa en el combate a la delincuencia organizada, por eso es importable que haya una regulación adecuada del uso de la fuerza, alertó.

De igual forma, es vital que se mejoren y profesionalicen los servicios de peritajes forenses, pues como lo demostró la intervención de la PGR en este caso, pueden servir para esclarecer violaciones de derechos humanos.