Ricardo Anaya, candidato presidencial de la alianza que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, subió a su sitio de Internet las escrituras que acreditan la compra de un terreno de 13 mil 589 metros cuadrados en Querétaro y su posterior venta a la misma empresa a la que se lo había adquirido, operaciones por las cuales enfrenta señalamientos de corrupción y lavado de dinero.

El abanderado de la coalición por México al Frente explicó en una carta a la opinión pública que decidió mostrar esos documentos para comprobar la licitud moral, legal y política de esas transacciones que calificó de estrictamente mercantiles y privadas.

Además de las escrituras, el político queretano posteó una declaración de impuestos de agosto de 2017, un formato de Banamex donde se explica que su esposa Carolina Martínez obtuvo un préstamo por 5 millones 570 mil pesos, y un documento notarial de abril de 2015 que da fe de la apertura del crédito. Todo ello, a unos días de haberse iniciado la contienda por Los Pinos.

Anaya recordó que se le acusa de haber comprado un terreno con un valor de 10 millones de pesos a la empresa Park Development y haberlo vendido en 54 millones a la misma compañía, lo que resulta en una ganancia exorbitante de 44 millones de pesos.

Insistió en que tal acusación es falsa y dolosa, y destacó que el terreno fue adquirido por la empresa Juni Serra, propiedad de él y su cónyuge, en 15 millones 302 mil pesos. El costo de la nave industrial que se construyó en el predio fue de 18 millones 295 mil pesos, lo que da un total de 33 millones 598 mil pesos.

Agregó que la posterior enajenación del inmueble con la nave industrial fue de 53 millones 786 mil pesos, lo que da una diferencia de 20 millones 187 mil pesos. Pero a esta última cifra hay que restarle el Impuesto sobre la Renta, que fue de 5 millones 824 mil pesos.

El abanderado presidencial expuso que la operaciones que involucran naves industriales se realizan por lo general en dólares y que durante los dos años que duró la construcción la cotización tuvo variaciones importantes, lo que arrojó de este legítimo negocio una utilidad de aproximadamente 5 por ciento anual, tasa razonable dentro del mercado.

Tras destacar que financió la compra con recursos propios, de su esposa, su suegro Donino Martínez, de la empresa Cintla –que también es de su propiedad– y con créditos, Anaya señaló que los mexicanos pueden estar seguros de que no cometí ningún delito y que mi expediente está limpio.

El aspirante presidencial precisó también que a los 19 años ingresó a la administración pública, contando ya con un patrimonio propio, y que sus ingresos económicos no sólo provienen de sus percepciones como servidor público, sino también de los rendimientos de negocios privados.

Aseguró que las operaciones comerciales realizadas con el terreno fueron hechas por personas y empresas particulares y con dinero de particulares. No intervinieron en ellas autoridades de ningún nivel de gobierno ni se utilizaron recursos públicos.

También, el panista dijo que jamás he tenido conocimiento, indicios o pruebas que involucren en alguna conducta delictuosa al empresario Manuel Barreiro, persona vinculada –real o supuestamente– con la empresa vendedora del predio.

Más aún, de la información difundida no se desprende la comisión de robo, fraude, peculado ni lavado de dinero atribuibles a persona alguna. Dicho más claramente: de esa información no se desprende ningún delito atribuible a ninguna persona, concluyó.