rasil, golpe jurídico contra todos: Primero ambas cámaras del Congreso brasileño destituyeron a Dilma Rousseff de la presidencia sin presentar prueba alguna de corrupción o algún ilícito que justificara la medida. Lo hicieron favorecidas por el vicepresidente Michel Temer, quien había acompañado previamente todas las medidas de la mandataria pero, a pesar de ello, no fue juzgado junto con ella porque aceptó traicionarla. Por otra parte, muchos de los parlamentarios que votaron la destitución de la presidenta constitucional de Brasil están siendo procesados o tienen problemas con la justicia, y ellos y Temer mantuvieron negocios sucios durante todo el proceso de impeachment. Como sucedió antes en Honduras, en el caso del presidente Manuel Zelaya –fue sacado a balazos de su casa y depositado en pijama en un país extranjero–, y del obispo-presidente Fernando Lugo, de Paraguay –depuesto por un golpe parlamentario–, las clases dominantes de Brasil y sus mandantes en Washington dieron entonces un nuevo golpe de Estado blanco. Después, ante su falta de candidato presidencial creíble, mientras crece, en cambio, la postulación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esas mismas clases dominantes convirtieron en cachiporra al Poder Judicial para sacarlo del camino. Esa utilización de los jueces del régimen para destruir el derecho de los ciudadanos a elegir sus representantes y la democracia misma pisoteando las leyes y los acuerdos internacionales es compartida por gente similar a Temer en el gobierno argentino contra sus opositores políticos de mayor peso electoral. Se institucionaliza así en la vida política la utilización de los jueces, quienes deben hacer respetar la ley, en arma artera para violarla reiteradamente. En Brasil, eso equivale a un nuevo golpe judicial dentro del golpe de Estado parlamentario. A Lula, en efecto, lo condenaron sin pruebas, sobre la base de la declaración de un ex corruptor que fue contradicha por decenas de testimonios más. Posteriormente le negaron el habeas corpus, a pesar de que la ley presume que el indagado es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Por último, decretaron la prisión sin respetar el plazo legal para la apelación y ya tenían lista una celda especial para el candidato presidencial con más posibilidades. Lula, ante eso, no fue a refugiarse a una embajada, sino en el sindicato metalúrgico, y pidió la intervención de la ONU. Sobre este caso aberrante informan ampliamente la Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo; los argentinos Clarín, La Nación y Página 12; La Razón y Página 7, de Bolivia; los chilenos El Mercurio y La Tercera; La Hora y El Comercio, ecuatorianos; Última Hora y ABC, paraguayos; El País y La República, uruguayos. Curiosamente, los diarios cubanos y venezolanos callan.