l nuevo linchamiento múltiple que tuvo lugar en el municipio poblano de San Simón Yehualtepec, y que acabó con la vida de cinco presuntos delincuentes a los que pobladores del lugar arrebataron a policías que los habían detenido, reactualiza un tema que, en nuestro país, permanece en estado latente hasta que se produce un estallido de la magnitud del de ayer: el de una ciudadanía que, harta y atemorizada por hechos delictivos que la afectan un día sí y otro también, indignada por la incapacidad o la falta de acción de las autoridades para brindarle la seguridad a que tiene derecho, decide hacerse, por mano propia, una iracunda y discutible justicia.

Desde un ángulo puramente técnico, el acto de linchar a alguien (descrito como ejecutar de manera tumultuaria y sin proceso a un reo o a un sospechoso) es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Artículo 17 constitucional, entre otros instrumentos regulatorios. Desde el punto de vista humano y social es sencillamente inaceptable, porque pone la violencia por encima de la razón y la pasión por encima del derecho en general y del derecho a la vida en particular, con independencia del delito en que haya incurrido la víctima del linchamiento.

Pero más allá de las consideraciones éticas y morales que el hecho amerite –que son varias– ejecutar sumariamente a alguien para compensar la inoperancia de las autoridades atenta contra la organización social en su conjunto. Si cada ciudadano decidiera sustituir la normatividad colectiva por una interpretación propia (y generalmente radical) de la justicia, no tardaría en quedar desarticulada hasta la mera noción de sociedad.

No sorprende que el reciente episodio de linchamiento se haya registrado en Puebla: el año pasado en esa entidad 22 personas fueron ultimadas por auténticas turbas vecinales que argumentaban la ineptitud o la falta de interés de las diversas policías para frenar a la delincuencia, cuando no su lisa y llana colusión con los delincuentes. Pero otras 110 se libraron de correr la misma suerte sólo porque fueron rescatadas a tiempo de manos de sus captores, hombres y mujeres de a pie que dijeron estar cansados de sufrir la actividad del hampa en sus múltiples variantes.

La cantidad y la frecuencia de estas ejecuciones multitudinarias alarman en Puebla, pero naturalmente no es éste el único estado de la Federación donde dichas ejecuciones tienen lugar: el estado de México y la capital de la República también presentan, con altibajos, preocupantes índices en materia de linchamientos; y episodios de esa naturaleza se manifiestan de vez en cuando en Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Lo curioso es que todas las estadísticas existentes sobre el particular proceden de estudios e investigaciones académicas, porque no parece haber cifras producidas y homologadas por alguna instancia oficial.

El fenómeno se inscribe en un contexto nacional que deja mucho qué desear en lo que a seguridad se refiere, y rebasa el mero ámbito de la vigilancia: tiene que ver con las causales económicas de la delincuencia (los linchados nunca pertenecen a la elite del crimen organizado o desarrollan una actividad delictiva a gran escala), con la corrupción que llega hasta los estratos más marginados de los cuerpos policiacos, con una disconformidad y enojo ciudadanos que se extiende por amplios sectores de la población, y con una visión del mundo que concibe a la violencia como única vía de solución a los problemas sociales.

Ciertamente urge depurar el aparato de las policías y la impartición de justicia, pero en el entendido de que esa saludable medida no será por sí misma la solución para los linchamientos, porque esta violenta práctica tiene un origen multicausal que exigiría, en última instancia, una revisión del modelo político-económico vigente en la República.