En los lugares donde son contratados, los jornaleros agrícolas suelen estar expuestos a condiciones de vida indignas e incluso a delitos como la trata con fines de explotación laboral, lo cual es propiciado en buena medida por la falta de supervisión de las autoridades encargadas de evitar que ello ocurra, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar un estudio sobre el tema, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló a manera de contexto que en el país hay más de 5.5 millones de personas que se dedican a actividades agrícolas, de las cuales 32.6 por ciento laboran sin ningún tipo de retribución, de acuerdo con cifras oficiales.

De quienes sí perciben una retribución económica, sólo 4 por ciento tienen acceso a servicios de salud, 7 por ciento obtienen aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo y 3 por ciento tienen contrato escrito con su empleador.

Luego de analizar el papel de las autoridades laborales en materia de prevención y detección de posibles casos de trata en el campo, la CNDH documentó que las acciones gubernamentales son heterogéneas, diversas e incluso contradictorias entre sí, lo cual deja ver que los servidores públicos tienen grados muy disímiles de compromiso y conocimiento al respecto.

Una de las consecuencias de ello, señaló González Pérez, es que la mayoría de los inspectores del trabajo no se sienten obligados a detectar y denunciar los casos de trata de personas, y cuando sí los identifican, no tienen apoyo gubernamental para intervenir.

De igual forma, cuando la CNDH solicitó informes sobre el tema a la Secretaría de Trabajo federal y a las de los 32 estados de la República, sólo 21 autoridades respondieron a la petición de datos, pero 71.4 por ciento de ellas no mostraron información que comprobara la inexistencia de trata en las visitas de inspección supuestamente realizadas.

En cuanto a si realizan acciones para detectar y registrar lugares donde se emplee jornaleros agrícolas, siete entidades federativas admitieron que no las hacen, 16 señalaron que sí y 10 más no quisieron responder.

Entre las que no realizan este trabajo o no informaron al respecto, destacó el ombudsman, se encuentran los estados de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, donde se concentra una tercera parte de los trabajadores agrícolas.

En ese mismo sentido, 16 de las 33 autoridades laborales consultadas indicaron no tener un registro de la población de jornaleros agrícolas o no contestaron, 12 no llevan a cabo ninguna acción para proteger a menores de edad y 11 no realizan inspecciones ordinarias o extraordinarias en los centros de trabajo agrícola ya registrados.

Por todo ello, enfatizó González Pérez, puede concluirse que las autoridades del trabajo tienen intervención limitada en la mayoría de los casos, pues circunscriben sus acciones a normas administrativas y programas operativos, además de que no están debidamente capacitadas ni perciben la gravedad del fenómeno de la trata con fines de explotación laboral.