l circo judicial que la oligarquía brasileña montó contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva tuvo ayer un nuevo desfiguro, al aplazarse de manera indefinida la irregular orden de arresto emitida el jueves contra el líder de izquierda. Resguardado por miles de simpatizantes dentro de la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en Sao Paulo, Lula espera los resultados de las negociaciones entre sus defensores y la policía federal, que descartó forzar la detención al menos hasta la mañana de hoy, y posiblemente hasta el martes.

Esta semana supuso el cierre del asedio contra el dirigente histórico del Partido de los Trabajadores con la negativa del Supremo Tribunal Federal, máxima instancia de justicia en Brasil, a concederle un habeas corpus preventivo, recurso que le habría permitido seguir en libertad hasta que se agotaran todas las instancias en que buscaba revertir la sentencia dictada en su contra por un tribunal federal de Porto Alegre en enero pasado. El punto final pareció haberlo puesto la orden del juez Sergio Moro para que Lula se entregara voluntariamente el viernes antes de las cinco de la tarde.

Si la persecución contra el ex presidente ya se encontraba irremediablemente desacreditada en lo jurídico por la escandalosa ausencia de pruebas en las acusaciones –a Lula se le condenó con base en la convicción de los magistrados acerca de su culpabilidad–, los recientes actos y declaraciones del citado juez Moro fueron la enésima demostración de la ilegalidad que salpica al proceso. Lo anterior porque, al negarse a recibir los recursos de apelación presentados por la defensa de Lula, el togado no sólo evidenció una vez más la naturaleza política de los cargos, sino que violó de manera abierta la garantía constitucional de agotamiento de la jurisdicción.

A este abuso sistemático del aparato de justicia en las últimas semanas se le sumó un elemento cuya gravedad no puede exagerarse: la abierta presión de altos mandos de las fuerzas armadas para que el poder judicial emitiera una sentencia desfavorable a da Silva. Aunque la más repudiable de estas expresiones provino de un general en la reserva, quien llamó de manera explícita a una intervención castrense en caso de que el ex mandatario quedara en libertad, no es menos preocupante para la preservación de la democracia que el comandante en jefe del Ejército publicara un mensaje alusivo al tema en la víspera de la sesión Supremo Tribunal Federal.

Sin importar si el arresto de Lula se consuma hoy mismo o en los primeros días de la próxima semana, lo que está claro es la intención de eliminar del escenario político a quien lidera ampliamente las preferencias ciudadanas de cara a los comicios presidenciales que habrán de celebrarse en octubre, a la vez que los extremos de distorsión de la ley alcanzados por los miembros de los tres poderes gubernamentales en la consecución de este afán constituyen una renovada señal de alerta por la deriva antidemocrática instalada en la nación más grande de América Latina.