Doce diputados locales de oposición al PAN interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia de Chihuahua, aprobada por mayoría panista el 6 de marzo anterior.

La norma recién aprobada permite la remoción de integrantes del Poder Judicial, legisladores, consejeros electorales y funcionarios públicos, con el voto de la mayoría simple del pleno del Congreso estatal (actualmente es el PAN) y a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Diputados informaron que la SCJN recibió este viernes el documento de 22 páginas avalado por las bancadas del PRI, Morena, Panal, PVEM, PT y PRD, que representan más de 33 por ciento de los legisladores que integran el Congreso estatal.

La ley establece, entre otros puntos, que para abrir juicio a funcionarios públicos, cualquier ciudadano puede denunciar por escrito y en forma personal ante el Congreso estatal; la queja deberá tener pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción.

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Respecto de la declaración de procedencia para actuar penalmente contra los servidores públicos que tengan fuero, será necesaria la petición al Congreso local para que, mediante las pruebas, declare quitarle la prebenda para comenzar así su proceso penal.

El documento entregado a la SCJN expone que el dictamen de la nueva legislación no fue discutido por la Junta de Coordinación Política y fue incluido de forma arbitraria en la orden de día de la sesión del 6 de marzo, se aprobó en comisiones apenas 30 minutos antes de la sesión y sin turnarlo a los diputados y líderes de bancada, como lo exige el reglamento del Congreso estatal.

La referida ley fue aprobada con el voto mayoritario del PAN, 17 de 33 diputados que integran la legislatura, en sesión que abandonaron todos los diputados de oposición, a excepción del diputado Israel Fierro Terrazas, del Partido Encuentro Social.

Leticia Ortega Máynez, coordinadora de Morena, calificó la acción de inconstitucionalidad como un acto necesario, en tanto no se garantiza que la comisión jurisdiccional encargada de determinar si procede o no el juicio político tenga representación de todos los partidos.

La coordinadora del PRI, María Isela Torres Hernández, dijo que avalar el dictamen sin discusión y sin tomar en cuenta a la Junta de Coordinación Política confirma el interés de aprobar una legislación que no responde a la justicia, sino a los intereses de venganza del gobernador Javier Corral.