La demanda que presentará el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, en contra del ex presidente Felipe Calderón, el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y una docena de altos funcionarios ante la Corte Penal Internacional por cometer delitos lesa humanidad, por la represión al movimiento popular de 2006 y 2007, busca demostrar, a 12 años de distancia, que la forma en que actuó el Estado en ese momento es un patrón sistemático y generalizado de guerra de baja y mediana intensidad, como estrategia de contención de la protesta social.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad para el caso Oaxaca 2006-2007, fueron abatidos 30 civiles durante los ataques de grupos armados a las barricadas.

Peimbert, cuyo cargo al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es transexenal, explicó que en 2016, recién consumada la transición de poderes entre Ruiz y el candidato ganador de la alianza PRD-PAN, Gabino Cué, la consejera de la Comisión de la Verdad, María Eugenia Mata García, le entregó un informe reservado, distinto al que se hizo público, con documentación completa sobre las violaciones a derechos humanos. Ese reporte señalaba claramente líneas de investigación que no se habían seguido. Era mi obligación abrir esos expedientes y eso fue lo que hice.

Sin embargo, durante el sexenio de Cué no se cumplieron compromisos de depuración del sistema de procuración de justicia. Después de algunos años en la defensoría llegamos a la conclusión de que no había posibilidad alguna de lograr justicia a nivel local. Por ejemplo, frente a la fiscalía supuestamente autónoma, quedó Rubén Vasconcelos, quien fue subsecretario de Gobierno y subprocurador en tiempos de Ruiz. Carlos Santiago ocupó el mismo cargo con Cué. Se impuso el continuismo.

A raíz de Nochixtlán, en julio de 2016, entendimos que Cué había roto todo compromiso de justicia transicional y privilegió su alianza con el presidente Enrique Peña Nieto. A cambio de dejar soterradas todas las resoluciones que señalaban las violaciones graves en los hechos de 2006 y 2007, pactó la impunidad de las fuerzas federales en los ataques contra los pobladores de Nochixtlán, donde resultaron muertas ocho personas y donde la desproporción del ataque, mil policías, algunos con armas de grueso calibre para desalojar un bloqueo de no más de 30 maestros, quedó grabada por las cámaras de los medios de comunicación. A la fecha no hay ningún procesado.

Sostiene Peimbert: Para llevar este caso ante la Corte Penal nos inspiramos en el que presentó Michael Chamberlin, del Comité de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, sobre Coahuila. Ahí se documenta la acción concertada del grupo criminal de los Zetas con los gobernadores Humberto y Rubén Moreira, y en consecuencia la desaparición comprobada de más de mil 800 personas y las masacres de Allende y Piedras Negras. Por tratarse no de casos aislados, sino de un patrón de violencia sistemática y generalizada, la CPI lo admitió en junio del año pasado.

La demanda del caso Oaxaca 2006-2007 será entregada a más tardar en julio de este año y contará con un corpus jurídico que se apoyará en otros expedientes documentados por la institución: el asesinato en 2010 de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y el joven finlandés Jyri Yaakkola, cuando se dirigían a San Juan Copala, en la región Triqui; el del periodista estadunidense Brad Will, muerto por disparos a quemarropa por la policía durante el ataque a un bloqueo popular en Santa Lucía del Camino, en 2006 y la ejecución del líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Heriberto Pazos.

De 2006 a la fecha, la defensoría tiene documentadas 103 ejecuciones extrajudiciales de líderes políticos, autoridades municipales, líderes sociales. Once casos son de periodistas asesinados sólo en la entidad.

Peimbert calificó el caso Nochixtlán con sus últimos desarrollos violentos, como emblemático de la rampante impunidad en su estado. Es un ejemplo muy vivo, muy documentado, sobre la forma como el Estado agredió a la población. Sin embargo, es un tema silenciado deliberadamente.

Ante la parálisis de las investigaciones, la semana pasada el alcalde de Nochixtlán, Rubén Alcides Miguel, ordenó remover de la carretera de acceso la carcasa de un autobús incendiado que las víctimas consideran evidencia clave de la investigación. Algunos pobladores y maestros intentaron oponerse al retiro de las pruebas y el alcalde ordenó la intervención de la policía. Dos personas resultaron heridas. Uno de ellos, Juan Acevedo, había sido herido de bala en la cara hace dos años, en el primer ataque. Días después, desconocidos allanaron el domicilio de otro maestro, Santiago Ambrosio, dirigente del Comité de Víctimas 19 de junio. Fue salvajemente torturado.

No podemos dejar de ver cómo este caso de Nochixtlán, con estos episodios recientes, se concatenan con cada uno de los otros momentos represivos. Es ilustrativo del fracaso de la justicia.