Pone en riesgo la edificación de vivienda de interés social por el gobierno: funcionarios
De acuerdo con el expediernte, el predio de Álvaro Obregón 175 vale 23.8 millones de pesos
Jueves 5 de abril de 2018, p. 31
El amparo que otorgó un juez de distrito en materia administrativa a la empresa AKD para detener la expropiación del predio ubicado en la avenida Álvaro Obregón número 175, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, puede sentar un antecedente peligroso en materia de expropiaciones que pone en riesgo la construcción de vivienda de interés social y popular al argumentar el valor que el terreno puede tener, advirtieron funcionarios del gobierno capitalino.
Remarcaron que es la primera vez que pasa esto e informaron que la resolución del juez decimosexto de distrito en materia administrativa, Ricardo Gallardo Vara, ya fue impugnada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como por el Instituto de Vivienda capitalinos. De acuerdo con el expediente de este caso, el valor del predio es de 23.8 millones de pesos.
Apoyados en la resolución, cuestionaron que el juez señale que si la intención del gobierno capitalino era edificar vivienda de interés social y popular, no podía dejar de considerar que el inmueble no resulta apto para esto, ya que por la zona en que se encuentra las viviendas podrían tener un valor elevado, lo cual no correspondería con el precio de venta al público de las que se consideran de interés social, las cuales no pueden exceder un monto de 9 mil veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, es decir, 720 mil pesos.
Advirtieron que esta postura podría ser discriminatoria para las personas de escasos recursos que viven en zonas de alta plusvalía.
Indicaron que una expropiación tiene la finalidad de beneficiar a la colectividad, que en el caso en cuestión no sólo son los habitantes del inmueble, sino también de quienes transitan o viven por la zona, toda vez que de acuerdo con un dictamen existe el riesgo de que este colapse.
De esta manera, subrayaron, se podría establecer el antecedente para que los desarrolladores inmobiliarios o dueños de un predio, mediante un amparo determinen que no hay posibilidad de que el gobierno expropie un terreno para la construcción de vivienda de interés social y popular basado en el valor de la superficie de la zona.
