a conjunción de una serie de datos recopilados por el Observatorio Métrica Ciudadana (obtenidos tras una solicitud oficial de acceso a información pública) y una entrevista realizada por La Jornada al director de Pemex Exploración, José Antonio Escalera, pone de manifiesto la determinación del actual gobierno para desmantelar la estructura de la que en otras épocas fuera una de las empresas emblemáticas de nuestro país: Petróleos Mexicanos. En términos discursivos, y en su momento, las autoridades aseguraron que en el marco de la reforma energética, la petrolera –tradicionalmente el mayor contribuyente fiscal de la República– resultaría fortalecida por el conjunto de medidas incluidas en dicha reforma; pero en la práctica esas medidas han debilitado aceleradamente a la compañía, tanto en el aspecto físico como en el administrativo y, principalmente, en el financiero.

Los recortes presupuestales (el de 2018 asciende a 4.6 por ciento) que se traducen en una disminución sistemática de la producción de crudo, gas natural, petroquímicos y derivados; la reestructuración de los altos mandos de la empresa, cuyo mantenimiento exige grandes recursos económicos; y la negativa a asignarle a Pemex los campos donde se encuentran las mayores reservas petrolíferas para ponerlos en manos de agencias de otros países, no apuntan al saneamiento de la ex paraestatal sino a una quiebra potencial de la misma.

En torno al último de los aspectos mencionados, el caso denunciado por Métrica Ciudadana resulta ejemplificador: por las épocas en que tuvo lugar la Ronda Cero (que dio inicio a esa mecánica de la reforma energética y sólo fue aplicable a Pemex) se decidió no adjudicarle a esta empresa varios campos ubicados en la Cuenca del Sureste –donde durante años funcionó el otrora copioso yacimiento de Cantarell– sino entregárselos mediante licitación a compañías y consorcios extranjeros. La disposición resultó especialmente desfavorable para la empresa mexicana por el volumen estimado de las reservas existentes en los yacimientos Amoca, Hocki, Miztón y Tecoalli, ubicados en la citada cuenca.

Que se trató de una determinación y no de una evaluación errónea lo viene a confirmar el funcionario responsable de Pemex Operación, quien no vacila en calificar como decisión de Estado la negativa de la Secretaría de Energía a asignar esos campos a la ahora empresa productiva de carácter estatal. Las autoridades eran plenamente conscientes del valor de esos espacios, porque los datos sobre las reservas y el potencial productivo de los yacimientos habían sido registrados tanto por el Consejo de Administración de la empresa como por la Auditoría Superior de la Federación.

No deja de llamar la atención, en torno a Pemex y a la reforma energética, la contradicción que existe entre los propósitos enunciados y los resultados que arrojan las medidas que se adoptan en función de esa reforma: la empresa nacida en 1938 a raíz de la expropiación cardenista no está más fuerte, no destaca por su productividad y mucho menos por su rentabilidad, no goza de la autonomía presupuestal que el gobierno decía pretender y desde luego no está en condiciones de competir de tú a tú con los consorcios petroleros internacionales.

No es fácil pronosticar qué le deparará el porvenir a Petróleos Mexicanos, pero de momento los indicadores no parecen augurarle un futuro precisamente venturoso.