Al cierre de esta edición el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se perfilaba para aprobar en paquete las candidaturas a senadores y diputados federales por los principios de mayoría y plurinominal de las tres coaliciones contendientes: Todos por México, Juntos Haremos Historia y Por México al Frente.

En los tres casos los dictámenes señalaban que se acreditaron los requisitos de ley y la paridad de género.

En los dictámenes que se votarían durante la madrugada se señala la viabilidad de las postulaciones, incluso de quienes habían sido impugnados: el ex jefe de Gobierno de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, a quien se objetaba postularse al Senado por la misma entidad que gobernó; el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, por tener doble nacionalidad, y la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero, porque no se habría retirado del cargo con la anticipación requerida.

En el caso de la lista plurinominal del PAN para el Senado, el dictamen señalaba, respecto del ex jefe de Gobierno: El cargo al que aspira Miguel Ángel Mancera Espinosa es de representación proporcional nacional y, por ende, no le es aplicable la prohibición legal prevista (que le impediría postularse al Senado por la entidad que gobernó), porque no sería electo sólo en Ciudad de México, donde ha ejercido el cargo de jefe de Gobierno, sino en una circunscripción única nacional y, al respecto, en la Constitución y en la legislación electoral en consecuencia no se prevé ninguna prohibición

En cuanto a Gómez Urrutia, postulado para el Senado por Morena, a quien se cuestionaba tener doble nacionalidad, el dictamen precisa que “renunció a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente al de Canadá; (así como) a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros.

Asimismo, se hace constar que Napoleón Gómez Urrutia protestó adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas, y se comprometió a abstenerse de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero.

Finalmente, en cuanto a Sánchez Cordero, en el dictamen se menciona que no se actualizan tales elementos de la hipótesis constitucional citada (que le obligaba a retirarse del cargo tres años antes de la postulación), ya que ella no renunció al encargo que el Senado le hizo del primero de febrero de 1995 al 30 de noviembre de 2015 como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que éste venció y, por ende, procedió su retiro como impartidora de justicia federal al cumplir totalmente el periodo.