omo parte de la reforma educativa, en 2015 la administración peñanietista puso en marcha lo que denominó Escuelas al Cien, destinado a la mejora de las instalaciones de los planteles públicos de México, de tal suerte que constituye, según la propaganda gubernamental, uno de los programas más grandes de rehabilitación y mejoramiento de instalaciones educativas de las últimas décadas en nuestro país.

La versión oficial detalla que para dar cumplimiento a esta prioridad, el 19 de octubre de 2015 se firmó un Convenio de coordinación y colaboración para la potencialización de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con los gobernadores de las 32 entidades federativas, y para lograr este gran objetivo, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer (hoy coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade), fijó siete grandes prioridades.

Bien, pero transcurridos casi tres años desde su puesta en marcha, ¿cuál es el balance? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop: Programa escuelas al Cien: infraestructura educativa a cargo de los procesos de bursatilización, bajo la firma de Giovanni Jiménez, del que se toman los siguientes pasajes) advierte que la falta de coherencia entre políticas afecta las finanzas públicas, además de que prevalece la visión economicista de las necesidades de la población en el proceso de creación de la agenda, reduciendo los problemas sólo a un tema de recursos financieros.

El problema señalado revela escasa revisión y atención de las políticas públicas en sus múltiples etapas. Entre las omisiones y debilidades destacan las siguientes: en la fase de identificación del problema y diagnóstico no hay un cuidadoso análisis de cuáles son las causas y los efectos del conflicto; el abandono escolar se atribuye a la inadecuada infraestructura escolar, sin considerar otros factores; cuando se llegan a considerar otras causas del abandono escolar, como la debilidad en la formación e interés de los docentes, se elige un programa distinto para atenderlo; pero cada motivo se percibe como desligada de las anteriores y por ende el problema no se analiza desde una visión integral; además, no se incluye la participación de la sociedad, no se consulta a la población ni a los docentes ni a las familias ni a los gobiernos locales sobre cómo perciben el conflicto y cuáles considerarían que podrían ser las mejores vías para superarlo. El problema se observa sólo en el corto plazo.

En la etapa de implementación no existen procedimientos adecuados que permitan dar seguimiento al uso de los recursos entregados a las distintas escuelas, si bien el programa pretende mejorar la infraestructura educativa. Como la decisión de lo que se requiere adquirir recae discrecionalmente en los directores de las escuelas es muy factible que se compren bienes de consumo que no benefician directamente a los estudiantes; la forma de entrega de los apoyos también se diluye y genera escasos beneficios por los montos que se destinan a cada centro educativo; por ejemplo, algunas escuelas de zonas rurales y comunidades marginadas podrían recibir sólo 2 mil pesos durante los próximos ciclos escolares; no quedan claros los criterios de entrega de recursos; parecería ser, como sucede con otros programas de desarrollo social, que las zonas con mayores necesidades y carencias son las que menos dinero reciben.

En la etapa de evaluación no hay mecanismos para dar seguimiento al uso de recursos ni a sus efectos. No se cuenta con vías para evaluar cuáles fueron los impactos sobre el rezago educativo o el abandono escolar de la entrega de recursos por conducto del programa Escuelas al Cien; tampoco se incluye aquí la participación de la sociedad para que haya vigilancia o seguimiento del uso de los recursos públicos.

Los recursos potencializados se entregaron durante 2016 y 2017, y la federación dispersó el dinero bursatilizado a las entidades federativas. Estas partidas fueron entregadas a los directores de las escuelas de educación básica mediante tarjetas de débito. Para que los directores de las escuelas beneficiadas con el programa tuvieran acceso a los recursos enviaron sus solicitudes a las oficinas estatales de Educación Pública; una vez autorizadas las reparaciones en sus planteles se les entregó una tarjeta de débito para pagarl a las empresas constructoras que ellos eligieran.

Las empresas debían estar dadas de alta en el padrón de proveedores del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. La meta del programa al inicio de su creación fue invertir más de 50 mil millones de pesos en Certificados de Infraestructura Escolar Nacional para apoyar a 33 mil planteles, beneficiando así a 5.2 millones de estudiantes.

Con los datos mencionados sobre los montos del FAM se observa que la inversión bursatilizada es cercana a los recursos para los años 2017 y 2018 (45 mil millones de pesos); sin embargo, se decidió que era mejor endeudar a los estados por 25 años y que éstos pagaran una tasa de interés por los recursos garantizados en la Ley de Coordinación Fiscal. Las entidades que firmaron el convenio recibirán 25 por ciento menos de recursos para el mantenimiento de la infraestructura educativa durante el periodo 2018-2043. ¿De cuánto estamos hablando? Pongamos de ejemplo los estados que resultaron con daños por los sismos ocurridos durante 2017, que perdieron una buena porción.

Bursatilizar es endeudar más a los estados a costa de las participaciones federales (y una de las bursatilizadoras es la empresa Protego/Evercore, de Pedro Aspe), aunque ese proceso juega un papel preponderante en la obtención de recursos para obras que no serían posibles con dinero propio.Sin embargo, los gobernadores deciden endeudar a las siguientes administraciones locales a costa de que ellos manejen más recursos de los que tienen autorizados.

El programa evidencia la falta de coherencia entre las políticas públicas, ya que mediante la Ley de Disciplina Financiera se crean las condiciones para que los estados no se endeuden, pero el gobierno federal crea un programa para generar la contratación de deuda a partir de las participaciones federales.

En 2017 se modificó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar definido que ningún estado debería endeudarse más allá de 3.5 por ciento del PIB nacional. Sin embargo, esto no ha sucedido.

Las rebanadas del pastel

Entonces, un éxito adicional de la reforma educativa.

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