Reiteró el compromiso con los derechos humanos
Jueves 29 de marzo de 2018, p. 4
Los actos de tortura no pueden quedar impunes, sostuvo Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) y subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales.
Durante la ceremonia de premiación de un concurso de carteles sobre prevención de la tortura, Elías Beltrán enfatizó que la PGR no ha tolerado ni tolerará nunca ese flagelo y está plenamente comprometida con el respeto a la dignidad y a los derechos humanos
.
Comentó que es necesario fortalecer el respeto de los derechos humanos y promover la denuncia ciudadana para investigar esos actos cometidos, porque “la cultura es un poderoso agente de cambio.
Se requiere la participación de la sociedad en la prevención y erradicación de este delito. Definitivamente la tortura no es nuestra cultura, atormentar es un delito que se debe denunciar, no existe justificación para no erradicarla
, señaló.
Dijo que se trabaja en disminuir los factores de riesgo que puedan derivar en ese tipo de actos, de acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Agregó que la PGR ha impulsado enfoques en materia de prevención de dicho delito con lo que se ha iniciado un proyecto de certificación y formación continua en materia erradicación de la tortura.
Ante Sergio Martínez Cruz, director de Vinculación Interinstitucional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; María Bartolucci Blanco, directora general de coordinación intersecretarial de la Secretaría de Gobernación, y Horacio Chavira Cruz, director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes, del Instituto Mexicano de la Juventud, Elías Beltrán indicó que la PGR es una de las instituciones con el claro mandato constitucional de prevenir, investigar y procurar justicia ante violaciones de derechos humanos.
Recordó que en enero fue creada la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, que se encarga de indagar esos ilícitos, evitar que queden impunes, reparar el daño integral y atender de manera especializada a las víctimas.