no de los lugares donde es más clara la separación-confrontación entre estado y sociedad, es en el tema laboral. Mientras a los obreros privados
se le recortaron derechos, entre los que destaca el de sólo recibir el primer año de salarios caídos en caso de litigio, a los burócratas se les ha respetado el derecho de recibir indefinidamente esos salarios caídos, en caso de litigio. No son raros los juicios que se desarrollan ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que, una vez ganados por el trabajador, los hijos y hasta los nietos terminan cobrando los adeudos millonarios: décadas de salarios caídos, más demás prestaciones.
Esto obedece a: 1º, la no aplicación de la restricción citada, hecha en la Ley Federal del Trabajo, al sector burocrático; 2º, la falta de mecanismos eficaces dentro de la Ley burocrática para conminar a las entidades públicas para que cumplan los laudos; 3º, la reticencia y dificultad en el cumplimiento de esos laudos (falta de plazas, de recursos y complejos mecanismos para pagar y reinstalar). El año pasado hubo varias destituciones ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el incumplimiento a laudos condenatorios por parte de Delegados en la CDMX y en otros lugares de la república. Los costos de tales juicios laborales perdidos son altísimos para el presupuesto: el sector público federal gasta miles de millones de pesos al año en pagar laudos perdidos; lo cual, necesariamente, afecta programas sociales y de infraestructura. La urgencia de regularizar esta ley burocrática federal obedece a la mínima equidad que debe haber entre trabajadores de ambos apartados del artículo 123 constitucional, no sólo en los montos salariales, sino en los derechos laborales mínimos.
Y es en esta ley donde se encuentran los trabajadores del Poder Judicial Federal. A pesar de los diversos mecanismos acordados por el Consejo de la Judicatura Federal para el cese de trabajadores incumplidos o corruptos, la tramitación ante la Comisión Substanciadora del Poder Judicial de la Federación es compleja y suele favorecer al trabajador. ¿Qué resoluciones puede dictar el juez que tiene como primera preocupación la del secretario o del oficial que son capaces de alterar constancias o de no revisar el trabajo que le presentan, por decir lo menos?
Este afán proteccionista hacia los trabajadores públicos tiene explicación directa en la historia del siglo XX, donde primero se separaron los sectores campesino y proletario de los núcleos de poder; luego éstos se dividieron según la fuente laboral y, al final, el estado clientelar asimiló a ambos por distintos conglomerados sindicales, haciéndolos a un lado de las cúpulas del entonces partido único para evitar que esos sectores fueran parte del poder: la mayoría proletaria y agrarista pasó a obedecer a la minoría en la central política. Ese contexto ha desaparecido y ni las entidades públicas están dispuestas a cumplir los laudos que les significan egresos multimillonarios (además de recibir de vuelta al trabajador incumplido, sino es que corrupto), ni los trabajadores, en general, tienen el sentido de lealtad institucional que logró, en parte, el milagro mexicano hace más de 60 años. ¿Quién daría un peso hoy para un rescate como el petrolero de 1938, si no hay la mínima confianza en las autoridades? Aportaciones multitudinarias como la que recibió Lázaro Cárdenas hoy son ilusión y recuerdo.
La reforma laboral procedimental es inminente. Como mínima equidad, debe transformarse a fondo la ley burocrática federal para lograr procedimientos ágiles y eficaces en su cumplimiento, además de equiparar a los burócratas con el resto de los trabajadores del país.
