Por considerar que se puede fugar del Centro de Reinserción Social número 1 Aquiles Serdán, en Chihuahua, una juez federal avaló la prisión preventiva por seis meses impuesta a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de peculado.

La juez primera de distrito de Chihuahua, Luz Elba de la Torre Orozco, negó el amparo a Gutiérrez por considerar que la medida cautelar es adecuada y suficiente para asegurar su presencia en el procedimiento en su contra.

Alejandro Gutiérrez fue detenido el 20 de diciembre por las autoridades estatales por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos que habrían terminado en campañas electorales del PRI.

Desde entonces permanece en el centro estatal como medida cautelar, sin embargo, interpuso un amparo a fin de seguir con su proceso en libertad.

La fiscalía de Chihuahua considera a Gutiérrez una persona peligrosa con recursos suficientes para evadir a la justicia, por lo que estimó necesario tenerlo en una prisión federal.

Presenta habilidades sociales de comunicación, manipulación, encanto superficial y facilidad de palabra, además de poder adquisitivo, alto nivel sociocultural y características de líder, argumentó la fiscalía para su traslado a un penal federal.

Alejandro Gutiérrez permanece en una prisión estatal pese al acuerdo al que llegaron el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Peida, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, para la entrega de 900 millones de pesos de recursos federales a la entidad. Supuestamente el mandatario agilizaría el traslado del priísta al penal federal ubicado en Ciudad Juárez.

Sin embargo, desde su detención Gutiérrez continúa en el penal estatal, donde ha denunciado actos de tortura, lo que motivó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El 7 de febrero, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que el traslado a un penal federal no se había realizado porque la fiscalía no ha hecho una petición formal.

Sales Heredia explicó que la fiscalía envió un oficio para solicitar el traslado, pero luego del acuerdo en la Secretaría de Gobernación el documento había perdido vigencia, por lo cual la dependencia estatal tenía que solicitarlo de nuevo, lo que aún no hace.

El oficio de solicitud debe provenir del gobierno de estado. Se recibió el oficio y se acordó el traslado, pero el oficio debe reactivarse; pierde su vigencia y por ello deben solicitarlo de nuevo. La fiscalía del estado debe solicitar el traslado. Ya lo solicitó en una ocasión y se aceptó el traslado; sin embargo, los oficios pierden vigencia y deben solicitarlo de nuevo, explicó en aquella ocasión.