El juez quinto de distrito de amparo en materia penal, con sede en Puente Grande, Jalisco, concedió una suspensión definitiva a Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, para evitar que se ejerza acción penal o se gire orden de aprehensión en su contra por las denuncias de enriquecimiento ilícito, cohecho, ejercicio indebido de funciones y desvío de recursos por los cuales lo investiga el Congreso local.

El juez Emilio Enrique Pedroza Montes otorgó la suspensión tanto en el sistema tradicional de justicia como en el oral. La medida evitará también que la Procuraduría General de la República (PGR) se manifieste sobre la acción penal, pero no que continúe con la investigación y recabe pruebas. Tampoco afecta las pesquisas que realiza la Fiscalía General de Nayarit.

En el amparo 304/2018 que consiguió el abogado Juan Carlos Soto, del despacho Illanes y Soto, de Guadalajara, Jalisco, se solicita no judicializar la carpeta de investigación contra Sandoval Castañeda.

El juez federal consideró que la medida solicitada no contraviene disposiciones de orden público y no otorgársela le habría causado un perjuicio irreparable. El amparo se concedió para el único efecto de que las autoridades responsables, tratándose de asuntos tramitados bajo las reglas del sistema penal tradicional, se abstengan de hacer pronunciamiento alguno en torno al ejercicio de la acción penal, en caso de existir averiguación previa.

La suspensión se mantendrá hasta que el juez dicte sentencia definitiva de amparo, por lo cual todas las investigaciones serán vigiladas por el mismo juzgado.

A principios de marzo, y a partir de las indagatorias de la fiscalía de Nayarit consignadas en el expediente Nay/Tep-III/CI/0031/18 abierto tras la denuncia de Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad y ex diputado federal perredista, se aseguraron presuntas propiedades del ex gobernador.

Los bienes son un inmueble de dos hectáreas en la colonia El Pedregal de San Juan, en Tepic; un rancho de tres hectáreas en el ejido La Cantera; una finca en construcción en el fraccionamiento Bonaterra a nombre de Lidy Alejandra Sandoval López, hija del ex mandatario; dos terrenos –también a nombre de ella– en el rancho El Armadillo y una casa de dos pisos en la colonia Doctor Leyva Medina.

La Comisión de la Verdad ha señalado que Sandoval tiene nexos con César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, en la apropiación ilegal de miles de cabezas de ganado traídas de Nueva Zelanda, pagadas con impuestos de los mexicanos y que forman parte de la fortuna de Duarte y socios.

En enero pasado el Congreso de Nayarit determinó iniciar juicio político en contra de Sandoval por presunta malversación de recursos públicos.

El ex mandatario enfrenta dos juicios políticos en el Congreso estatal por enriquecimiento ilícito, cohecho, ejercicio indebido de funciones y desvío de recursos.

El pasado 26 de febrero Leopoldo Domínguez, presidente del Legislativo estatal, dio a conocer que la sección instructora inició la recopilación de pruebas contra el ex Ejecutivo estatal y tres de sus colaboradores.

El juez Emilio Enrique Pedroza Montes, quien concedió el amparo al ex gobernador nayarita, ha emitido fallos controversiales, como en mayo de 2015, cuando decidió liberar por fallas al debido proceso a cuatro personas supuestamente involucradas en los atentados del 15 de septiembre de 2008 en el zócalo de Morelia, Michoacán.

El saldo de aquel ataque fue de ocho muertos y 106 heridos, pero Pedroza consideró que la causa penal no fue llevada a cabo conforme a derecho y dio por cerrada causa penal 254/2008, indicando que hubo violación a los derechos humanos y fabricación de pruebas.