Buenos Aires.

Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 durante una misión en el Atlántico sur, denunciaron al ministro de Defensa, Oscar Aguad por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria al acusarlo de ocultar pruebas sobre lo sucedido con la nave, que ahora se sabe estaría participando en una maniobra, cuando se registraba un ejercicio naval en el mismo lugar de Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile.

Precisamente la Cámara de Diputados no había dado acuerdo para las maniobras, pero el gobierno del presidente Mauricio Macri las autorizó en forma secreta, reportó La Jornada en noviembre pasado.

La Comisión Bilateral, que investiga la desaparición del submarino en el Congreso, al responder a la demanda de los familiares, citó a Aguad para el 17 de abril ante un hecho sobre el que funcionarios gubernamentales dieron información contradictoria y ocultaron la verdad a la población.

Aguad restó importancia a las denuncias, pero anunció un sumario interno para averiguar cómo se filtró un video en el que se ve al submarino realizando ejercicios militares en su última misión, y después que el oficialista diario Clarín publicó una nota donde se menciona las maniobras de la Armada argentina en el sur.

El video también fue difundido por el canal del Grupo Clarín TN donde se ve al submarino en ejercicios militares, y según se dice, es un detalle que no había sido informado al Estado, cuando este sabía perfectamente lo que sucedía en el sur. El 31 de octubre pasado, la ministra de Seguridad Patricia Patricia Bullrich, estaba en Usuhaia, Tierra del Fuego, firmando un acuerdo con la gobernadora Rosana Bertone, para instalar un Centro de Inteligencia Regional en el lugar, que los expertos en militarización consideran que es el cimiento donde se levantará una base de Estados Unidos, que se negocia desde que Macri llegó el gobierno en diciembre de 2015.

En el puerto de Usuahía estaba un buque de la Nasa y había un fuerte movimiento en la zona por las maniobras. Este martes se vio disgustado al ministro Aguad, no por la denuncia penal, sino porque quería saber quién filtró el video, en lugar de explicar la verdad de lo sucedido. Reiteró que el submarino no estaba en misión de espionaje y dedujo que lo que sucede es que “el tema vende como pan caliente pero siempre se dijo todo y nunca se ocultó nada a nadie… no podemos estar aclarando todos los días”, sostuvo ante una radio local.

Con respecto a los familiares admitió que tienen el derecho a denunciarlo, pero él se va a defender con la verdad destacando el operativo de búsqueda, aunque no explicó por qué el gobierno no autorizó a ampliar el circuito donde se podía buscarlo, como pidieron las familias.

En relación a una información que surgió en los últimos días estableciendo que el submarino pasó cerca de las Islas Malvinas, donde Gran Bretaña ha logrado tener una zona de exclusión que nadie explica, Aguad señaló que en todo esto hay algún pícaro, porque en la documentación relativa al recorrido del ARA San Juan había una carilla que da cuenta de una latitud equivocada, y quien leyó eso no leyó todo lo otro, y justo fue a publicar la única orden que no servía.

La investigación de lo sucedido con el ARA San Juan puede llevar al gobierno de Macri a un callejón sin salida, porque comienzan a surgir hechos que además dan cuenta de una relación muy cercana de este gobierno con Gran Bretaña, lo que ha sido denunciado por sobrevivientes y familiares de los soldados muertos en las islas Malvinas durante la llamada guerra del Atlántico Sur, en 1982 librada con Gran Bretaña, demostrando que la administración actual abandonó la lucha por la recuperación de las Islas que el Reino Unido ocupa colonialmente desde 1833.

Persecución judicial

El periódico Clarín publicó este lunes una lista negra de jueces y fiscales que no conforman al gobierno. En tanto hay un fuerte escándalo en la justicia por la intromisión constante del presidente Macri y sus funcionarios en las causas, advirtiendo de alguna manera cómo deben fallar, en lo que se caracteriza como una persecución política contra los ex funcionarios del gobierno anterior, incluida la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Hasta la Corte Suprema de Justicia envió una nota al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas reclamando que informe qué medidas tomó ante la filtración a medios y periodistas ligados al gobierno, de las escuchas telefónicas a la ex mandataria y el ex director de la AFI Oscar Parrilli.

La nota publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), pide a Arribas que ponga en conocimiento del Tribunal las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas, como asimismo cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder los agentes su cargo junto a otro pedido al juez Rodolfo Canicoba Corral, quien tiene a cargo la causa.

Esto sucede en el marco de un vergonzoso escenario cuando la liberación de los detenidos ilegalmente por la causa del famoso Memorándum de Entendimiento firmado con Irán, como Carlos Zannini y Luis d’ Elía hace tres días y un nuevo fallo este miércoles en favor del dirigente político y sociólogo Fernando Esteche y el ciudadano Yusuf Khalil que podrían salir esta noche o mañana en libertad disgustó al gobierno, que intenta tomarse una revancha con los magistrados.