ice una máxima priísta que la carrera política (sea en la administración pública o en los puestos de elección popular) es como la rueda de la fortuna. A veces se está arriba, a veces abajo, pero lo importante es estar siempre trepado.

Carlos Santiago Carrasco es fiel a esta máxima. Ha servido a diversos gobiernos de distinto signo en Oaxaca. Hoy es el delegado de la Secretaría de Gobernación en ese estado. En el sexenio anterior, cuando Gabino Cué estaba al frente de la entidad, fue titular de la Secretaría General de Gobierno. Con Ulises Ruiz se desempeñó como subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político.

A lo largo de su larga carrera en la administración pública, el licenciado Santiago Carrasco ha participado activamente en la represión a movimientos populares. Junto a Gabino Cué y a Jorge Ruiz, entonces secretario de Seguridad Pública local y primo de Ulises Ruiz, decidió que las policías incursionaran violentamente en Nochixtlán el 19 de junio de 2016. El saldo fue trágico: ultimaron a siete habitantes (otro más murió al explotarle cohetones que estaba manipulando), hirieron de bala a más de 100 y dañaron física y emocionalmente a más de 400, entre ellos, muchos niños.

Sabía lo que hacía en Nochixtlán. Como subsecretario de Gobierno y delegado durante la administración Ulises Ruiz, fue parte de la salvaje violencia gubernamental en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006 y 2007. El resultado final de esa acción fue sangriento: más de 30 personas muertas, 311 detenidas arbitrariamente, 248 torturadas y por lo menos dos desapariciones forzadas.

La numeralia de este horror está bien documentada. El informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007, que publicó la Comisión de la Verdad (creada por el Congreso del estado) el 3 de mayo de 2016, concluyó que: el Estado violó de manera masiva y sistemática múltiples derechos humanos. Entre ellos están: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La tortura fue sistématica y generalizada, dado que el tiempo que du­ró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica.

Curiosa ironía. A pesar de que Carlos Santiago había sido parte importante del gobierno de Ulises Ruiz, que violentó bestialmente los derechos humanos, fue designado en un puesto clave durante la administración de Gabino Cué, y desde allí volvió a violar las garantías individuales en Nochixtlán. Y, ahora, en lugar de ser sancionado por esa conducta, el gobierno federal lo designó para estar al frente en un puesto clave de la gobernabilidad oaxaqueña.

El mensaje que se manda en el caso de Carlos Santiago no deja lugar a dudas: un funcionario público puede violar los derechos humanos tantas veces como quiera para conservar el orden, sin tener que afrontar las consecuencias de hacerlo. Más aún: si lo hace, seguirá trepado en la rueda de la fortuna de la política. Impunidad es el nombre del juego.

Si Carlos Santiago y muchos otros funcionarios como él, que fueron parte activa en la represión contra la APPO en 2006 y 2007, y que presumiblemente cometieron crímenes de lesa humanidad, permanecen en la administración pública, es porque ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, ha sido presentado ante la justicia. Más aún: ni siquiera ha finalizado la reparación de daños a las víctimas. Y, como no han sido juzgados, hay permiso para seguir violando los derechos humanos.

Lejos de olvidarse, las afrentas sufridas por el pueblo oaxaqueño en aquellos años son una herida abierta que, a pesar de de los años transcurridos, no ci­catriza. Los actores políticos y sociales que padecieron esa represión siguen activos y tienen un importante peso. Los años 2006 y 2007 son parte de su identidad como movimientos. Gabino Cué, que ganó la gubernatura aupado en ellos, y que prometió hacer justicia, traicionó su oferta. La exigencia de verdad, castigo a los culpables y reparación del daño es una demanda central de una parte muy importante de los pueblos de Oaxaca.

Por eso es tan importante la decisión de la De­fen­soría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dirigida por Arturo Peimbert, de presentar una denuncia contra el Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía oaxaqueña en esos años.

La defensoría considera que lo sucedido en Oaxaca en 2006 y 2007 son crímenes que agravian no sólo a las víctimas directas de esos sucesos, a sus familiares y a sus comunidades. También atentan contra la humanidad entera, pues niegan a la persona su derecho de ser y existir. La denuncia en la CPI busca evitar así que estos crímenes queden impunes y se repitan.

Entre las personas que la DDHPO considera responsables de esos crímenes de lesa humanidad, a partir de la investigación de la Comisión de la Verdad, los señalamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están: los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; los ex secretarios de Seguridad Pública Federal Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna; el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, y Jorge Vargas, ex secretario de Gobierno de la entidad.

Dice la defensoría: por justicia, por dignidad y por humanidad, no podemos permitir que este hecho quede impune. La Corte Penal Internacional tiene la palabra.

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